Exigimos información amplia y detallada a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mª Victoria Broto, sobre la creación de una Fundación pública para asumir las tutelas de personas adultas de la que es responsable la Administración. Su creación se anunció en el contexto del presupuesto de 2021 pero será en este año, 2022, cuando parece que se va a poner en marcha.
Los servicios provinciales del IASS, que son los que en la actualidad gestionan la tutela de 912 personas y 354 curatelas (un apoyo que se da adultos que no llega a ser una tutela), cuentan con unos medios “ínfimos” para poder llevarla a cabo y la “escasez” de personal para poder llevarla a cabo es “recurrente” en las memorias que el servicio realiza cada año.
La consejera Broto informó de que dicha actuación “no significaba una externalización” de esta actuación, sino que se hacía para “mejorar la gestión” de un servicio que se había “complejizado”, achacándolo a la reforma de la Legislación civil y procesal en materia de discapacidad y apoyos. Para Izquierda Unida, esta reforma lo que implica es más “acompañamiento”, es decir, más tiempo para conocer y dedicar a las personas y, por ende, más recursos humanos que era un “déficit” que ya contaba este servicio.
Ante esta situación, nuestro Coordinador y portavoz en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha registrado una pregunta a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales para conocer cómo se plantea la composición de la citada Fundación, ya que cree que “la Administración debe contar con el control de esta actuación”. Además, pregunta a Broto bajo qué convenio van a estar reguladas las condiciones de trabajo del personal contratado, porque, considera Sanz, “si no es una externalización como dijo, deberían estar sujetos al convenio de la Administración y no ajustarse a otros convenios que suponen pérdidas en condiciones laborales”.
Asimismo, el diputado reclama información sobre el personal que se ha planificado contratar porque la actual gestión tiene un “déficit” de recursos humanos “relevante”. “Algo que, en su opinión, tampoco mejora la creación de una Fundación, ya que hay vacantes suficientes en los Servicios Provinciales para dar cobertura sin necesidad de construir otro entramado de gestión”.
En cuanto a su financiación, Sanz muestra su preocupación porque la “fórmula” que quiere usar el Departamento parece que esa la de conseguir financiación a través de las subvenciones, entrando en competencia con otras entidades del tercer sector. No acabamos de entender cómo una responsabilidad de la Administración busca financiarse con fondos destinados a entidades sociales teniendo los propios presupuestos para dotarlos de forma adecuada. “La Administración no debería vestirse de tercer sector para optar a financiaciones estatales y debería ser capaz de dotar adecuadamente los servicios que presta”, señala Sanz quien pregunta también a Broto por esta cuestión.
Para el diputado, la creación de esta Fundación tutelar o busca ahorrar, reduciendo condiciones laborales de las personas trabajadoras que es lo que sucede habitualmente con las externalizaciones, o pretende detraer recursos destinados al tercer sector para cumplir actuaciones de su competencia. “Algo muy alejado de lo que entendemos sea un refuerzo de los servicios públicos”, concluye.