El portavoz del grupo parlamentario de IU en las Cortes de Aragón, Adolfo Barrena, ha presentado hoy en rueda de prensa una Proposición no de Ley en la que solicita el cambio de la Ley Electoral. Una iniciativa que será debatida y votada en el Pleno y que Izquierda Unida presentará en todas las instituciones donde tiene representación, además de en el Congreso de los Diputados. “Presentamos esta propuesta porque queremos situar en el centro del debate político la reforma de esta ley que discrimina a las y los ciudadanos en función de la circunscripción en la que ejercen su derecho al voto”, ha explicado Barrena.
El resultado de las pasadas elecciones generales ha puesto de manifiesto, nuevamente, la injusticia de nuestra ley electoral cuyo reparto favorece claramente a los partidos mayoritarios PP y PSOE frente al resto de formaciones políticas haciendo que, en la práctica, los votos de los/as ciudadanos/as no tengan el mismo valor y no respondan al democrático principio de que cada elector o electora tenga su voto en total igualdad de condiciones.
“El pasado 20 de noviembre, el 44 por ciento de los votos dieron la mayoría absoluta al Partido Popular cuando, en realidad, no la tiene, aunque la presente ley, que es preconstitucional, permite que la composición de la Cámara Legislativa no sea el resultado real de expresión de la ciudadanía.”, ha señalado Barrena y recordado que “ni PP ni PSOE quieren cambiarla porque no les interesa”.
El modelo actual hace que, salvando las circunscripciones en las que se eligen a 10 o más diputados (son seis: Sevilla, Málaga, Alicante, Valencia, Barcelona y Madrid), en el resto, 46, no sé de la proporcionalidad, es decir, que el voto no vale lo mismo en una provincia u otra. Para Barrena, “el sistema perjudica a los “partidos pequeños” de ámbito nacional, es decir, a todos menos a PP y PSOE, y afecta en positivo a los partidos nacionalistas porque concurren solo por las circunscripciones de su Comunidad Autónoma, y juegan sus cartas cuando necesitan sus votos para los pactos de gobernabilidad y, de esta manera, prevalece el interés de ámbitos territoriales frente al general”.
Cabe recordar que, la necesidad de reformar la Ley Electoral vigente ya fue puesta de manifiesto por el propio Consejo de Estado que en febrero de 2009, por encargo del Gobierno, realizó un informe donde detectaba las carencias del sistema electoral actual proponía medidas para eliminar o reducir las diferencias de valor del voto, incrementar la proporcionalidad del sistema y reforzar la relación entre electores y elegidos.
“Estas medidas a pesar de que no precisaban la, entonces supuestamente costosa, reforma constitucional sino que eran posibles con la reforma de la Ley Electoral (LOREG) fueron rechazadas por PP y PSOE, los dos grandes favorecidos del actual régimen, que votaron en contra de las enmiendas a la LOREG presentadas que recogían las modificaciones propuestas por el Consejo de Estado manteniendo así un sistema electoral injusto”, asevera Barrena.
Por todo ello, la iniciativa de IU insta a las Cortes de Aragón a reconocer la necesidad de dotar de mayor nivel democrático el sistema electoral del Estado Español y a dirigirse al Congreso de los Diputados solicitando la adopción de medidas tendentes a modificar la ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y normativa de desarrollo, incorporando las medidas propuestas por el Consejo de Estado en su informe de 24 de febrero de 2009, procurando un sistema electoral más justo que garantice el mismo valor de todos los votos y otorgue la representación parlamentaria a los partidos políticos de forma proporcional a los votos obtenidos.
Propuestas para aumentar el nivel democrático
Izquierda Unida plantea una modificación de la Ley Orgánica para establecer un mínimo de 1 diputado por provincia (50, porque Ceuta y Melilla ya tienen 1), en lugar de los dos actuales para, de esta manera tener un margen de 50 diputados para que los votos se repartan de forma proporcional, utilizando la fórmula Haré, en lugar de la injusta D’Hont. Además, IU propone cambiar la circunscripción electoral provincial por autonómica, reformar el código civil, reconocer la capacidad de los españoles para poder ejercer el derecho al voto a los 16 años y garantizar la pluralidad en los debates y en los medios de comunicación que, actualmente, fomentan el bipartidismo.