Los presupuestos de Aragón para 2021 deben reflejar que el nuevo paradigma político ha cambiado en lo económico en el marco de una salida a la crisis distinta de la del 2008. El marco presupuestario ha cambiado y las reglas para su definición hacen que podamos ser más flexibles, lo que ha permitido que la administración sea un motor de impulso en la recuperación económica, además de tener recursos para sostener el gasto social.

En el turno de explicación del borrador de las cuentas para el año próximo del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda nos hemos hecho eco de la paradoja entre las dos sensibilidades que se dan en el Departamento de Vertebración, Movilidad y Vivienda que integra inversiones en obra pública, por un lado, y la garantía de derechos como es el caso de las políticas de vivienda (incluidas en el 58% social del que presume el Gobierno).

De estas  políticas impulsadas por el Estado, hemos sido testigos durante el 2020 en este Departamento que, por la vía de las modificaciones, ha visto incrementado el presupuesto en vigor hasta superar los 40 millones de euros; o ya en el proyecto que hoy ha presentado el consejero Soro, permite un incremento de las inversiones en carreteras de 34,6 a 44,6 millones.

La UE también ha entendido que el modelo fiscal y financiero de las administraciones debía ser diferente al erróneo que experimentamos durante la década pasada. Por ejemplo, “cuando planteamos la indefinición de alguno de los aspectos cuantitativos y cualitativos de este presupuesto, por cuanto que se apoya el crecimiento de la inversión en los fondos de la UE que están sin concretar, tenemos que decir que su departamento, por su cualidad inversora es uno dos que más incertidumbre nos genera”, ha señalado nuestro portavoz parlamentario Álvaro Sanz, que ha pedido a Soro que defina en qué se va a gastar Aragón los ReactUE.

Dónde más ha incidido Sanz ha sido en la importancia del desarrollo de política de vivienda en el próximo ejercicio. Sin embargo, se da la circunstancia de que la Dirección General de Vivienda baja sus créditos en un 4,2% con respecto al presupuesto inicial de los últimos años, fundamentalmente de las transferencias de capital a las familias, y en un 19% de cómo está en estos momentos el vigente 2020 que integra cantidades extraordinarias provenientes del Estado. Sanz ha pedido a Soro que revise este capítulo porque es imprescindible garantizar el derecho a techo. “Y puede hacerse, hace falta voluntad política, audacia y tener un propósito expansivo, ha apuntado. De hecho, Suelo y Vivienda, según se expresa en la memoria del borrador, dispone de suelos para el desarrollo de nuevas promociones con demanda suficiente, de forma que podrían ejecutarse aproximadamente 500 nuevas viviendas, pudiendo destinar parte de ellas a la generación de patrimonio público de alquiler. Esperamos que haya un compromiso real y firme en este sentido y que, además, se intervenga en la vivienda vacía.

En nuestra opinión, una buena política anticíclica con efectos sociales, ambientales y económicos positivos sería incrementar la inversión en la construcción de vivienda pública y en la dotación de la ayudas para rehabilitación, eficiencia y autoconsumo energético (medida que ha perdido los 2 millones del año pasado).

En cuanto a las carreteras de Aragón, estamos de acuerdo en minimizar el gasto al año que nos producían los convenios con la concesionaria ABERTIS por los peajes de las autopistas AP-2 y AP- 68. Una buena noticia por doble motivo, el primero por el alivio que se producirá en las cuentas de la Comunidad por una competencia que es del Estado, y en segundo lugar, porque esto se produce por la conclusión de las obras de desdoblamiento del tramo de la carretera nacional entre Figueruelas y Mallen, y por el final de la concesión y consecuente liberalización de la AP-2. “Lo que contrasta con la obligación de asumir el coste del fiasco de  la ARA-A-1 (6,2 millones en 2021; 25 mill en total hasta 2023).

Sanz le ha pedido al consejero que priorice para dar salida a las necesidades del territorio, algo que no vemos en el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras que se está impulsando desde el Departamento para hacer frente al déficit inversor acumulado durante décadas en la red viaria autonómica.

La Dirección General de Urbanismo es la que experimenta un mayor crecimiento, un 18,4% debido a la única variación sustancial del presupuesto con respecto al año pasado en las transferencias al organismo público a Suelo y Vivienda de Aragón. Esta sociedad es el instrumento utilizado para algunos grandes proyectos polémicos y da cobijo a las obras de infraestructuras de la plataforma agroindustrial de Épila que presupuesta para el 2021 más de 11 millones y que acabaran costando 22 millones de euros, casi tanto como lo gastado algunos años en todas las carreteras de Aragón, “para una industria privada que no va a vertebrar Aragón y que impulsa un modelo de desigualdad y precariedad”, ha criticado Sanz.

En definitiva, a pesar de algunas limitaciones vemos que por fin se empieza a hacer justicia con este Departamento en términos de capacidad presupuestaria y vemos margen de mejora: en cuanto a la gestión desde lo público, ya sea por el abuso de los encargos a empresas privadas de servicios públicos, la implantación del modelo concesional en cuanto a las inversiones y posterior mantenimiento de las carreteras, la debilidad de nuestras políticas de vivienda o el apoyo presupuestario a grandes proyectos. A IU la encontrará si hay avances en la faceta social, en la justicia social y la sostenibilidad. Tenemos vocación de acuerdo y por ello, Sanz ha emplazado a Soro a seguir trabajando y mejorar el borrador del proyecto que estamos tramitando.