Artículo de Eduardo Navarro Villarreal publicado el 28 de enero de 2021 en El Heraldo de Aragón
Las grandes perturbaciones generadas por la pandemia de la COVID-19 han impactado en el sector agrario de lleno. Estamos en situación o, al menos, estamos obligados a evaluar realmente lo sucedido, sus causas y las medidas tomadas tanto por nuestro gobierno como por las Comunidades Autónomas y la UE.
Algunas de las medidas implementadas, como los controles fronterizos y las limitaciones al movimiento de las personas, han producido disrupciones en el sector agrario y en el conjunto de la cadena de suministros. Los representantes del sector agrario hemos estado trabajando para minimizar esas disrupciones y garantizar el suministro alimentario.
Lo que ha quedado demostrado, y así ha sido asumido por todos, es el carácter estratégico de la agricultura y la ganadería europea como garante de la seguridad alimentaria. El sistema agroalimentario europeo es una red compleja y sofisticada con muchos sectores interrelacionados y miles de empresas de todo tipo. Aún así, todos reconocen que los hombres y mujeres del campo son el elemento básico de todo el entramado.
No obstante, la situación para los agricultores es muy difícil, ya que la crisis actual de la COVID-19 enlaza con una crisis general de viabilidad de las explotaciones agrarias del modelo social de agricultura que estalló de forma abrupta en 2019, como pudo verse en las movilizaciones que sacudieron todo el país hasta que sobrevino la pandemia de 2020.
Hoy más que nunca son necesarias medidas urgentes de apoyo a las personas que se dedican a la agricultura y la ganadería en Europa, así como medidas de gestión del propio mercado interior europeo. En función de cual sea la reacción de los poderes públicos para poner en marcha estas medidas que se reclamaban en 2019 y que siguen reclamándose ahora, habrá o no habrá futuro para el modelo social de la agricultura y para las zonas rurales.
Nuestros sectores agrarios ofrecen un alto valor añadido a la ciudadanía, forman parte de un modelo europeo de vida y alimentación que tenemos que intentar recuperar lo antes posible. Lo que nos preocupa no es tanto proteger la producción cuantitativamente, sino proteger las explotaciones que han sido dañadas para que puedan seguir adelante en el marco del modelo de agricultura social y profesional que defendemos.
En España, la situación es muy preocupante. El campo de nuestro país se juega el ser o no ser y la PAC 2023-2027 va a marcar de una forma determinante el futuro de nuestros agricultores y agricultoras. Las cifras no engañan y lo cierto es que el relevo generacional que debía darse no se ha dado suficientemente. En la última década, 6 de cada 10 profesionales agrarios entraron en periodo de jubilación, 20.200 activos dejaron de serlo y, por eso, durante el periodo 2020-2030, en esta década, debemos incorporar 20.000 nuevos agricultores y agricultoras para garantizar este relevo generacional de una forma sostenible, pero en la actualidad las cifras de incorporación no superan las 8.500, por lo tanto, la actual PAC y las políticas agrarias del Estado y de cada Comunidad Autónoma no están garantizando ni el relevo generacional ni, por tanto, la pervivencia del modelo social de agricultura familiar.
Nos encontramos con un proceso puesto en marcha en el campo español que bien podíamos denominar de “uberización” que pone contra las cuerdas a 345.000 agricultores profesionales. La brutal reconversión que ya se vislumbra, amenaza con convertir a los profesionales autónomos e independientes en meros asalariados de grandes corporaciones agroalimentarias. COAG presentó el primer estudio realizado en España sobre los efectos del nuevo orden económico mundial en el modelo social y familiar de agricultura y la conclusión es clara: si el nuevo modelo de oligopolios empresariales se impone en España, el país camina hacia una agricultura sin agricultores, lo que se traduce, además en una España cada vez más vacía y menos vertebrada con centenares de enclaves habitados desde hace milenios en riesgo de desaparición.
Algunas de las cifras de dicho estudio son esclarecedoras: a día de hoy, menos del 7% de las empresas agrarias (el 6,6 exactamente) obtienen el 42% del valor de la producción total del campo español, y esto según datos del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quien, con el título “Esenciales. La agricultura española ante calamidades que afectan a la seguridad nacional” publica que en España hay un millón de explotaciones agrarias con titular físico, es decir, el 93,4 % del total, y que hay 65.000 sociedades (el 6,6%) cuyo objeto principal es la producción primaria. Por ello, es preciso recalcar que no es tanto el volumen de producción del campo español lo que está en juego, sino la pervivencia del modelo de agricultura que da vida a los pueblos y vertebra nuestro medio rural.
Los agricultores y ganaderos del modelo social profesional están en riesgo si no se apuesta por ellos y vamos, de no tomar medidas efectivas para que esto no ocurra, a la concentración de la producción y la creación de oligopolios en manos, en no pocos casos, de los fondos de inversión. El valor añadido del campo español abandonaría así el paisaje donde se genera para engrosar las cuentas de, en el mejor de los casos, sociedades con domicilio fiscal en la milla de oro de Madrid y fondos de inversión que podrán dedicarse, de verdad y sin contrapoder, a especular con los alimentos de primera necesidad. Por eso, no es solo un sector económico el que está en peligro, es la sociedad al completo.
¿Qué ocurrirá si la producción agraria y, por tanto, la alimentación y su control se encuentra en manos ajenas en una calamidad aguda y pronunciado y no dispusiéramos de sistemas productivos propios y diversificados en la UE? ¿Hemos aprendido o no hemos aprendido que el sector primario y el modelo social y familiar es un sector estratégico en esta pandemia? ¿Qué ocurriría si un fondo de inversión sobre el que ningún gobierno tiene mayor soberanía decidiera, por ejemplo, ante una catástrofe que toda la producción del campo español debe irse a países capaz de pagarla mejor que nosotros mismos?
Los agricultores y ganaderos de la explotación familiar agraria junto a otros sectores hemos sido esenciales para garantizar la alimentación en esta pandemia. Y queremos seguir siéndolo. Por ello, para responder a una crisis como la COVID- 19 se ha demostrado que necesitamos un tejido productivo fuerte y asentado en el territorio que elimine el riesgo que supone para España y la UE depender de terceros países y sociedades mercantiles multinacionales. O eso o dejar morir el modelo social de la Agricultura y seguir permitiendo la concentración de la producción.