Izquierda Unida de Aragón espera que El Gobierno de Azcón debe confirmar que el nombramiento de la Directora General de Vivienda no incurre en incompatibilidades. Nuestra agrupación en las Cortes solicitó esta semana al consejero de Fomento que informe si se han adoptado medidas conforme a la legalidad para corregir la posible situación de incompatibilidad manifiesta entre el desempeño de las funciones de la Dirección General de Vivienda y los trabajos contratados con la administración autonómica. Una información que el Ejecutivo debe trasladar mediante respuesta escrita al portavoz Álvaro Sanz.
En concreto, solicitamos esta información ante el nombramiebnto de Pía Canals Lardiés como Directora General de Vivienda dentro del Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística. Cabe recordar que las competencias del anterior Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda han quedado atribuidas, conforme al Decreto de 11 de agosto de 2023, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, en el Departamento del que Pía Canals Lardiés es alto cargo.
Así, advertimos que a la fecha de su nombramiento, todo apunta a que Pía Canals Lardiés mantenía en vigor contratos con la Administración autonómica para la elaboración de planteamientos urbanísticos formalizados en septiembre de 2021 por un importe de 26.997,52 euros y de 10.057,52 €.
En este sentido, Álvaro Sanz hace referecia a la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas que establece que el personal comprendido en su ámbito (en este caso es un alto cargo del mismo Departamento del Gobierno de Aragón) de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado.
Así mismo, hace referencia a los artículos 49 y 52 de la Ley 5/2017 de Integridad y Ética Públicas de Aragón y, teniendo en cuenta la legislación relativa a la contratación de las administraciones públicas, se prevén penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto de los mismos o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos. En este caso, el portavoz parlamentario advierte que los trabajos contratados por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda “parece que no han finalizado su plazo de ejecución y quedan trabajos profesionales pendientes de entregar y por lo tanto de abonar”.
Por ello, hemos pedido además al consejero del ramo, Octavio López, que explique si van a imponer penalidades ante el incumplimiento de los citados contratos y qué repercusión van a tener las citadas medidas, tanto económicas como en la prestación de los servicios contratados y pendientes de ejecución. Asimismo, hemos reclamado a través del Artículo 31 toda la documentación relativa a esos contratos y la declaración de bienes de Canals Lardiés tras su nombramiento como Directora General y los informes jurídicos al respecto de la compatibilidad de los contratos que mantiene con la Administración aragonesa y su responsabilidad como alto cargo.