Hoy hemos vuelto a poner el foco en la pérdida de derechos laborales y empeoramiento de las condiciones salariales de las y los trabajadores del servicio de transporte sanitario urgente en Aragón. Y lo hemos hecho junto a ellos en una rueda de prensa convocada en las Cortes en la que han comparecido nuestro Coordinador General y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, junto con Juan Antonio Busqueta, Javier Raluy, Pedro Royo, miembros de la plantilla.
Exigimos al Gobierno de Aragón “control del dinero público” porque creemos que la adjudicataria del servicio de transporte sanitario urgente, Ambulancias Tenorio, podría estar quedándose con más de 600.000 € mensuales del dinero destinado a pagar la nóminas de sus trabajadoras y trabajadores. Además, Sanz ha reclamado soluciones a los problemas estructurales de este servicio y de esta plantilla que sufre recortes salariales a pesar del incremento de la dotación presupuestaria para este servicio fundamental del 87.86%. En concreto, 67,2 millones de euros más respecto al anterior y cabe destacar que el 80% del coste está destinado a pagar salarios de los trabajadores que lo prestan.
Sanz ha advertido que se está pagando a la empresa por unos costes laborales que ésta no está realizando porque el nuevo contrato, aunque reconoce los costes laborales, está basado en las condiciones pactadas entre empresa y trabajadores en un convenio que fue impugnado por la Administración y está pagando lo mismo que en 2018, fecha del último convenio en vigor.
Para el diputado de IU, el Gobierno de las derechas no está haciendo los “deberes” de fiscalizar que el dinero que está pagando en concepto de salario, que es 80% del total del pliego, se destina a salario y la empresa, evidentemente, “no está por la labor”, no tiene ninguna prisa en alcanzar un convenio que reconozca precisamente el coste efectivo de ese dinero que está recibiendo en materia de salario para transferirlo directamente a las rentas de las y los trabajadores.
“Es evidente que a golpe de billete no se solucionan los problemas ya que la plantilla sigue soportando unas condiciones laborales draconianas”, ha denunciado Sanz quien ha solicitado la comparecencia del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, en las Cortes de Aragón y ha registrado varias preguntas para conocer con detalle lo que está sucediendo. Pedimos que el Ejecutivo haga un seguimiento estricto del personal contratado, cuánta gente y con qué contratos se está prestando el servicio. Cuánto se está gastando la empresa en personal, “porque lo que no se gasta en esto, se lo está quedando y queremos saber cuánto se está ahorrando. La Administración debe saberlo y controlarlo”, ha aseverado.
Por su parte, Juan Antonio Busqueta ha trasladado a la sala de prensa de las Cortes de Aragón la “situación límite” en la que se encuentran 1.300 familias vinculadas al transporte sanitario en Aragón, unas 850 al urgente, sin convenio autonómico desde hace 5 años, con una pérdida de poder adquisitivo de más del 20% y con salarios que netos muchas veces no llegan ni a 800 o 900 euros al mes. Y ha denunciado la pérdida de derechos laborales, la vulneración de los sindicales y que la empresa ha bajado el salario a más de 300 trabajadores del servicio de transporte sanitario urgente, que ha provocado un 50% de pérdidas salariales.
Busqueta ha reconocido que “los mimbres”, que es el dinero con el que habitualmente las administraciones arreglan estos problemas están pero, en su opinión, lo que hace falta es la capacidad de auditoría, la capacidad de fiscalización de estos concursos para saber dónde va ese dinero y quién se lo está llevando. “Hay alguien que le está pegando una mordida enorme a esta partida y se lo está llevando en beneficio propio”, ha lamentado.
Asimismo, el trabajador ha recordado que se encuentran secundando una huelga indefinida desde el 16 de enero de 2023, a la que no tienen derecho ya que son 100% servicios mínimos en la urgencia y ha destacado que el transporte sanitario programado también sufre serios problemas que están llevando a una pérdida notoria del servicio con anulaciones que perjudican directamente al usuario.
En definitiva, junto a las y los trabajadores, reivindicamos el transporte sanitario urgente como un servicio esencial que debe ser de igual acceso independientemente del lugar donde se vive y del que el actual Gobierno de Aragón debe corregir todos los problemas estructurales que presenta y abordar de forma urgente de qué manera está gestionando el dinero la empresa concesionaria para proteger a unos trabajadores y trabajadoras “desamparados y desprotegidos” por parte de este Gobierno.