El Portavoz de IU en la DPZ, José Ángel Miramón, ha mostrado “su rechazo a la urgencia de convocatoria del pleno de hoy, puesto que la norma que motivó las prisas, sobre la prioridad en el pago de la deuda fue impuesta por el Gobierno de Rajoy, hace muchos meses, y no justifica la vulneración de nuestros derechos democráticos”
El pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza ha vuelto a ser convocado por urgencia y sin dar tiempo a los grupos políticos a examinar los expedientes debidamente. Según indica Miramón, “el asunto resulta de gran interés, ya que abordábamos la modificación del presupuesto por valor de más de 8,5 millones de euros, en menos de 20 horas”. El portavoz de IU también acusa al Gobierno PP-PAR de continuar con la “discrecionalidad acostumbrada”, por lo tanto, explica “se limitan considerablemente las posibilidades de preparación de los asuntos a tratar y, consecuentemente, del ejercicio al derecho de participación política y de desempeño de la función para la que hemos sido elegidos por los ciudadanos”. “Éstas son las reglas del juego democrático, y no las decimonónicas a que acostumbra la Diputación Provincial”, añade.
“Desde IU -continúa el diputado-, no compartimos la norma impuesta por Rajoy que resta autonomía a las entidades locales, que no han provocado el déficit público, y obliga a priorizar el pago de la deuda frente a la ejecución de otras inversiones o la prestación de servicios necesarios”; además añade “y es esta mecánica la que lleva a Beamonte a sortear la legislación y conduce a la Diputación a gastar rápidamente de manera improvisada antes del 31 de diciembre, sin diálogo previo con IU”.
Por todo ello, explica el representante de IU, “aun compartiendo alguna consideración sobre el fondo de la propuesta, como con el sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid, no lo hacemos en su totalidad”. “El sentido del voto en contra es la única manera de garantizarse la posibilidad de un recurso o reclamación futura, una vez estudiada en profundidad la propuesta”, prosigue.
En opinión de José Ángel Miramón, “se profundiza en el vicio del reparto clientelar de los fondos en la DPZ, frente a unos criterios objetivos y garantizados por la libre concurrencia”.
Es por ello que desde IU se ha criticado que se pretenda conceder 600.000 € a una asociación concreta, y no a otras, sin libre concurrencia competitiva, para la construcción de una residencia asistencial, posiblemente excluyente. Aunque, aclara Miramón, “sin discutir la trayectoria y el trabajo de la misma”.
Por otro lado, desde el servicio de Hacienda y de la propia Intervención se ponen de manifiesto las posibles dificultades en la ejecución del convenio conforme a la Ley de Servicios Sociales de Aragón. No obstante, San Miguel (PAR) en su intervención ha explicado que la colaboración con una asociación privada facilita la contratación de la obra, lo que a juicio de Miramón “pretende sortear la legislación relativa a la contratación del sector público a que debería acogerse la Comarca o la propia Diputación Provincial en ejecución directa, como entiende IU que se debería actuar; y contribuyendo a la despatrimonialización del sector público”.