Continuamos con nuestro trabajo en la oposición con el control de la acción del Gobierno de Aragón. Esta mañana hemos solicitado de nuevo al Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales información detallada sobre la creación de una fundación pública para asumir las funciones de la actual Comisión de tutelas de personas adultas de la que es responsable la Administración.
El Ejecutivo justifica la creación de esta fundación para poder ajustarse a lo exigido por los últimos cambios legales, para atender nuevas necesidades sociales y, sobre todo, para optar a otros fondos como una vía única que se plantea para tener capacidad de incrementar la dotación de sus recursos.
La competencia para el apoyo a la autonomía y capacidades de las personas de Aragón corresponde a la Administración, que reconoce que se ha dado un incremento en el número de casos y explica que la complejidad de los mismos requiere de nuevas herramientas para una respuesta pública a estas necesidades. Sin embargo, no aborda la “insuficiencia” de medios actual para dar respuesta a estas personas y el IASS tiene “sobrada capacidad” para implementar las herramientas necesarias.
De acuerdo con la información de la que disponemos, en 2018, el número de personas tuteladas por la Comisión era 1.321 (268 Huesca, 159 Teruel, 894 Zaragoza). En 2022, son 1.600, aunque no conoce la distribución territorial.
En cuanto a las y los trabajadores, la plantilla actual de la Comisión de Tutelas “no es capaz de atender las necesidades de estas personas” y la propuesta en la que está trabajando el Gobierno “no hace hincapié en mejorar los recursos humanos para atender sino que prioriza la creación de una estructura de coordinadores y reduce el personal de atención directa”. En concreto, en Zaragoza reducirá de los 8 trabajadores sociales de atención directa a 7, por lo que cada uno de ellos deberá hacer el seguimiento y acompañamiento de más de 130 personas.
La propuesta de creación de esta fundación diseña una plantilla de 59 profesionales pero solo plantea la contratación inicial y directa de 30 profesionales. Asimismo, propone que el incremento de plantilla se haga con los fondos propios que vaya consiguiendo, sin embargo, la previsión de esos fondos estiman que no será mayor de un 7% del presupuesto inicial que se fija en 3.130.889 euros, de los cuales 1.233.546 es personal. “Este 7% son 219.100 euros con el que esperan duplicar la plantilla inicial, algo totalmente imposible e irresponsable”, señala nuestro Coordinador general y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz.
De hecho, en la plantilla a cargo del presupuesto del IASS, no se incluye el puesto de Dirección Gerencia de la Fundación ni el puesto de uno de los coordinadores planteados para poner en marcha la nueva función de asesoramiento y orientación a particulares y profesionales en relación con la modificación judicial de la capacidad, el ejercicio de las medidas protectoras y la protección jurídica y social de la persona dependiente. “No hay área propia ni específica a pesar de ser una de las funciones explicitadas como novedosas, volviendo a recaer en un equipo de atención social directo reducido, cuando la situación de partida es que estaba sobrecargado”, continúa el diputado para quien “esta fundación se llena de jefes cuando lo que necesitan las personas es personal directo que les atienda y resuelva sus necesidades”.
“Y es que el presupuesto destinado a coordinadores suponen mucho más de la mitad del presupuesto destinado a la atención social directa de las personas”, explica Sanz.
La Fundación nace infradotada y se recurre a la repetida formula de la subcontratación y la concertación. Por un lado, el coordinador jurídico solo tendrá en su equipo a otro jurídico a pesar de ser una necesidad y la solución planteada es subcontratar servicios técnicos jurídicos, en vez de dotar de entrada el equipo de los cuatro jurídicos que se plantea en la plantilla para dar la respuesta que necesitan las personas.
Por otra parte, la propuesta recoge que se mantendrán los actuales convenios con entidades sociales con un presupuesto de 1.316.245 euros y que esperan reducir un 5% su coste con la incorporación de educadores que harán el seguimiento de los conciertos. Algo muy preocupante, al reconocer que actualmente no se está haciendo seguimiento de los conciertos y que están sobredimensionados. Esta falta de seguimiento es una denuncia reiterada que se ha negado pero que ahora se confirma.
Sobre todo esto, el diputado ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales para que despeje todas la dudas suscitadas en un servicio que cuenta con medios “ínfimos”, “escasez” de personal y que “no creemos que vaya a mejorar con la propuesta formulada para la creación de la Fundación”. “Se pretende crear una estructura nueva con la misma dotación presupuestaria actual, cuando lo que se necesita es aumentar los recursos de atención directa”, concluye.