“Después de 11 iniciativas registradas por Izquierda Unida en las Cortes de Aragón seguimos sin conocer los planes del cuatripartito en materia de renovables”, ha denunciado en rueda de prensa nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, para mostrar un profundo “malestar” por la “falta de transparencia y opacidad” del Gobierno de Javier Lambán en el despliegue de las energías renovables en nuestro territorio.

Además del registro de preguntas parlamentarias a los diferentes Departamentos que intervienen en la materia y las respectivas quejas por la ausencia de respuesta, cabe recordar que presentamos en febrero una Proposición no de Ley que fue aprobada por las Cortes de Aragón y en la que se acordó instar al Ejecutivo a elaborar un Plan de ordenación territorial de los recursos energéticos de Aragón con criterios energéticos y territoriales que, según Sanz, “aún no se ha hecho”.

En este sentido, ante la falta de información sobre “en qué momento se encuentra” la elaboración del citado Plan, cuestión sobre la que Sanz preguntó al presidente de la Comunidad, Javier Lambán, el pasado Pleno de la Cámara, hemos registrado preguntas para que la y los consejeros implicados en esta materia (Presidencia, Industria, Medio Ambiente y Vertebración del Territorio) den cuenta ante el Pleno sobre “los trabajos” desarrollados en la elaboración del Plan y cuándo habrá concluido. “Trabajos que, según la respuesta de Lambán, han comenzado”, ha señalado Sanz para tachar de “irresponsable” la forma en la que el Ejecutivo está “desplegando” las renovables.

Una “irresponsabilidad” que “colisiona” con el dictamen que, hace casi un año, emitió el Consejo de Protección de la Naturaleza instando a la paralización cautelar de los proyectos renovables hasta disponer de una directriz que ordene su implantación, ya que consideraba necesaria y urgente una estrategia territorial con criterios de desarrollo económico, ambientales y paisajísticos para seleccionar emplazamientos adecuados.

También Sanz ha denunciado que tanto el Departamento de Medio Ambiente como el de Industria “están eludiendo sus responsabilidades” porque no ofrecen los datos que las empresas productoras están obligados a facilitar, no quieren hacer nada para evitar los impactos en la biodiversidad y solo se rigen por los intereses de las empresas impulsoras que están muy bien recogidos en la ley de simplificación administrativa que, para el diputado, “su única utilidad ha sido favorecer este tipo de despliegue sin planificación de las energías renovables”.

Asimismo, hemos presentado esta semana en las Cortes una queja por el incumplimiento de plazos del Departamento de Industria. Solicitamos el informe que ha mandado a los Ayuntamientos para “ponerles cortapisas a su autonomía municipal y amedrentándolos en sus legítimas aspiraciones de planificación energética o cuanto han planteado moratorias”. Un informe que, a día de hoy, no hemos recibido.

Llamamiento a la movilización

El también Coordinador general ha hecho un llamamiento a la participación en la movilización estatal del próximo 16 de octubre convocada por los colectivos sociales en Madrid, en la que confluirá la reivindicación de todos los territorios sensibilizados que quieren defender su paisaje, el entorno natural y las posibilidades de desarrollo bajo el lema “renovables sí, pero no así”.

Para Sanz, la transición energética nos tiene que llevar hacia un modelo renovable y distribuido frente al del oligopolio eléctrico haciendo especial hincapié en el autoconsumo y velando al máximo por los intereses ambientales, sociales y económicos de los municipios donde van a instalarse parques solares y eólicos. “Estas cuestiones  -ha continuado – nos tienen que llevar a una estrategia de planificación que permita hacer viable el principio que en IU secundamos: renovables sí, pero no así”.

El modelo de despliegue de las renovables debe servir para un cambio de modelo energético, para una transición justa que no deje a nadie por el camino, que garantice la vertebración y los usos compartidos del territorio y que tenga en cuenta la voluntad de la gente afectada ahora por unas instalaciones que están creciendo sin control. Algo que el Gobierno de Aragón no debe de permitir.