Nuestro grupo municipal en Manchones ha podido constatar que el Ayuntamiento de esta localidad de la comarca del Campo de Daroca no dispone de ningún permiso ni de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ni del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) para la construcción de una estación de aguas residuales.
Así se desprende de la información que se ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que confirma que el Ayuntamiento “no cuenta en estos momentos con resolución firme del organismo de cuenca que permita iniciar las obras en zona de policía del cauce del río Jiloca, ni con autorización vigente para el vertido de aguas residuales de la población”. Además, en la contestación, la CHE indica que “se ha procedido a la apertura de diligencias previas para determinar la veracidad de los hechos comunicados”, hecho que por otra también conocen desde el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
En la misma línea se ha pronunciado el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón que indica que en el INAGA “no obra documentación relativa, ni se ha iniciado expediente en relación a una estación depuradora de aguas residuales proyectada en Manchones en la provincia de Zaragoza”.
Cabe recordar que el proyecto fue aprobado en septiembre de 2022 y un año después se solicita autorización, pendiente aún de resolución. Así, en noviembre se iniciaron las obras que actualmente se encuentran paralizadas al carecer de todos los permisos. En este sentido, el portavoz de IU en Manchones, Ángel Vicente, denuncia “la actitud del Ayuntamiento y más concretamente del alcalde que incumple toda la normativa ambiental y urbanística, una clara muestra más de cómo el equipo de gobierno del PP hace las actuaciones en este municipio”.
Se abre ahora un escenario donde habrá que esperar a las diligencias de la CHE así como si el Gobierno de Aragón inicia igualmente algún tipo de actuación ante esta situación. Valoramos “positivamente” la construcción de una estación depuradora de aguas residuales, pero “no se puede realizar a espaldas de la normativa urbanística y medioambiental”, concluye Vicente.