Mañana llevaremos al Pleno de las Cortes de Aragón la situación en la que se encuentran los servicios de mediación y reparación para menores infractores y el de ejecución de medidas judiciales en medio abierto, dependientes del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y que están incluidos en la Orden CDS/124/2021, de 22 de febrero, por la que se regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales en la Comunidad.

Nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, recuerda que estos servicios han sido siempre gestionados de manera directa, pero ahora vemos con “preocupación” que se abre la puerta a su externalización mediante conciertos. El Departamento ha optado por externalizar el servicio tras una política de gestión en la que “no se han cubierto jubilaciones ni reforzado el personal para llevarlo a cabo”, produciendo amortización de plazas de educadores/as sociales en los equipos educativos EMA y EMCA del Área de Atención a Menores en Conflicto Social del Gobierno de Aragón. “Un servicio referente en otro momento que se ha visto mermado en su capacidad al no cubrir vacantes, cubrir plazas con otros perfiles e incluso amortizar plazas según nos han comunicado y que ahora aparece entre los servicios susceptibles de concertación”, explica Sanz.

Esto ha provocado la interpelación que Sanz formulará mañana a la consejera del ramo, María Victoria Broto, a la que también le preguntará por la situación del Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial -CEIMJ-, conocido coloquialmente como “el reformatorio”. Un centro que fue externalizado mediante pliego y que ha visto un incremento sustancial de las plazas de menores a los que atender, lo que ha llevado a solicitar el aumento de recursos para su atención. En concreto, a fecha de hoy tienen 49 personas internas y su capacidad en pliegos está planificada para 40.

La respuesta del Departamento a esta reclamación ha sido la inclusión del apoyo de un educador/a social por turno financiado por IASS. “Una situación que al principio pretendían compensar con contratación de auxiliares pero que la negativa de la entidad que lo gestiona a incumplir la legalidad les ha forzado a admitir y dotar la contratación de educadores sociales, que es lo que el pliego contempla”, relata Sanz.

Además, las y los trabajadores del CEIMJ denuncian esta “sobreocupación” que les lleva a no poder atender a las y los usuarios como requieren, “faltando a su deontología profesional”. En concreto, demandan recuperar las plazas que se han ido perdiendo desde 2006 y unos mínimos para poder trabajar y atender las necesidades más básicas, por lo que han acordado realizar acciones y movilizaciones para dar visibilidad al problema.

También hacemos referencia a los diferentes conciertos de servidos especializados donde conviven las categorías de educador social con otras categorías de auxiliares sin especificar las ratios de cada una de ellas. Y se hace eco de la denuncia del Colegio de Educación Social por la supresión de plazas de educador social por otros perfiles de categorías inferiores para los que contratan gente con titulación superior lo que supone una infravaloración del trabajo y una reducción de costes, precarizando el empleo.

Por todo ello, Sanz critica la gestión del Departamento a base de conciertos, reducción de plantillas propias y aumento de contrataciones de categorías inferiores y reclamará a la consejera responsable, María Victoria Broto, que explique en sede parlamentaria cómo se va a mejorar y a revertir las deficiencias provocadas en los servicios que dependen de su Departamento y que se han producido por su gestión.