Artículo de Álvaro Sanz, publicado en Arainfo
Pocas voces han aplaudido al Rey por salir, en horario de máxima audiencia, a darnos un discurso sobre el coronavirus. Por el contrario, las cacerolas han resonado a lo largo y ancho del país indicando todo lo contrario y van a seguir haciéndolo, estos días desde los balcones y cuando esta crisis sanitaria acabe, en la calle de nuevo.
A nadie se le escapa que poco podía aportar el Rey Felipe a estas alturas una vez que el Gobierno ha actuado, ha decretado el estado de alarma, ha aprobado medidas sociales, laborales y económicas y ha volcado todos los recursos disponibles para combatir la pandemia.
Mi duda era entonces si Felipe salía a hablar por la preocupación que siente por la ciudadanía asaltada por el COVID-19 o para salvar su corona del virus de la corrupción que contamina, y de qué manera, la monarquía. Sinceramente creo que ha sido más bien por lo segundo.
Señalo esto porque, al hilo de la “responsable” renuncia del Rey a la herencia recibida de su padre, cosa imposible en nuestro ordenamiento jurídico, no podemos dejarnos llevar por esas voces que ensalzan el gesto y ponen en valor su decisión de romper amarras con su campechano y emérito padre.
Me preocupa, sobremanera, que estemos ante una nueva maniobra, la enésima, de legitimación de la monarquía, de una nueva “restauración borbónica”.
Hay otra parte de la sociedad que, movida por la urgencia y la evidente necesidad de medios de nuestro Sistema Sanitario Público, pide donaciones para echar una mano a los necesarios recursos que la pandemia requiere, pero no son donaciones lo que hay que reclamar a un corrupto.
Debemos exigir que el ciudadano Juan Carlos, por muy rey emérito que sea, se enfrente a los tribunales y en su caso asuma las responsabilidades penales y económicas que le correspondan, obligándosele a devolver todo aquello que se consiga comprobar que le ha enriquecido de manera ilegal.
No vaya a pensar que con una donación la cosa se pasa. Eso de las donaciones reparadoras no caben en una democracia. Caben en esa concepción que el nacionalcatolicismo defendió durante el régimen franquista del pecado y el arrepentimiento que volvía a abrir las puertas del cielo.
En una democracia no debería haber bulas, es la justicia quien juzga y, si procede, condena.
Juan Carlos, a tenor de lo que reconoce su hijo en un comunicado público, es merecedor de ser juzgado y ese proceso no puede cambiarse por una donación. No nos equivoquemos.
Es el momento de aclarar los supuestos negocios opacos que, utilizando su cargo y su corona, ha hecho. No puede seguir ocurriendo que la inviolabilidad que le otorga nuestra sacrosanta Constitución sea un escudo que le garantice la impunidad.
Ahora ha saltado lo de la millonaria comisión de los saudíes, pero la cosa viene de muy atrás. Recordamos, tras la invasión de Kuwait, que el campechano estaba detrás de la desaparición de 12.000 millones, pesetas entonces, del grupo KIO y otros episodios oscuros. Quizá sería este buen momento para releer “Juan Carlos I: la biografía sin silencios” de Rebeca Quintáns, estos días tenemos tiempo.
Durante años y años supimos de fuertes comisiones de las petroleras, de los millones de euros en paraísos fiscales, conocemos las buenas relaciones que tuvo, y que Felipe VI mantiene, con esa cuadrilla de sátrapas y bandidos que son las monarquías del Golfo y las muy especiales que mantienen con Marruecos.
Decía Pepe García Abad, periodista e investigador en su prologo del libro ¨La soledad del Rey: ¿está la monarquía consolidada 25 años después de la Constitución?” que toda institución política, también la monarquía está sometida a la prueba de su utilidad pública y no le falta razón, ni entonces ni ahora. Yo me atrevería a añadir que la altura moral y ética juegan un papel fundamental a la hora de emitir ese juicio de utilidad, más aún en una institución como la corona, anacrónica y carente de función ejecutiva alguna que se justifica exclusivamente por el simbolismo y la representatividad que ostenta.
Desde esa óptica, la monarquía y el emérito dejan mucho que desear, cacerías, devaneos y corrupción incluida. No, una institución así no puede ni debe representarnos, no está a la altura del pueblo español.
Curiosamente, cuando tenemos al país en estado de alarma y a la gente asustada y confinada, por la emergencia sanitaria, dando ejemplo, sale el Rey a “repudiar” a su padre reconociendo sin ambages sus chanchullos y corruptelas.
Es, cuando menos oportunista, aprovechar la situación para protagonizar este intento de salvarse él y, de paso, blanquear la monarquía.
Hoy, Felipe VI a hablado al país del COVID-19, cuando de lo que debería haber hablado es de ese comunicado sobre su padre.
Este país, especialmente su ciudadanía, necesita saber exactamente las razones del repudio a su padre. No entenderíamos nadie que una cuestión tan grave como son los negocios sucios de quien ha sido Jefe del Estado, se salde con un comunicado desde la Zarzuela y el Rey no de la cara ante las cámaras de la televisión pública.
Creo que si autorizó ese comunicado está obligado a contar, de viva voz y dando la cara, lo que Él cree o sabe que hizo su padre.
No puedo evitar recordar que, para la opinión pública y para la mayoría de la opinión social y política, el Tejerazo del 23 F sirvió para apuntalar la monarquía. Por eso no me gustaría pensar que ahora, cuando las actuaciones del anterior monarca hacen que la monarquía pierda popularidad y empiece a ser cuestionada, la corona haya podido ver en el COVID-19 un nuevo 23 F que salve el trono.
Por eso, no sirven donaciones, solo sirve la verdad y la comunidad, como estamos viendo estos días difíciles.