Criticamos con dureza la gestión del Gobierno PP-VOX y PAR del dinero público. “El Ejecutivo de Azcón parece que no sabe hacer nada solo y tiene que contar con la participación privada para hacer las cosas”, denuncia nuestro Coordinador General y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, en relación con la externalización de la tramitación de las ayudas a la rehabilitación de vivienda.
El Gobierno de Azcón incrementa la externalización de servicios públicos en un 13,40% y, en concreto, en estudios y trabajos de redacción en un 26% en el proyecto de ley de presupuestos de Aragón para 2024. Un ejemplo de “este principio político que impregna la gestión del PP-VOX-PAR” es la decisión adoptada por la Directora General de Vivienda, Pía Canals, para “arreglar” un problema en la Administración Pública que, por lo que parece, se debe a “falta de personal” en su dirección general. “Una falta de personal que en otros servicios de la administración sí se ha dotado cuando se ha requerido”, apunta el diputado para quien “son los empleados públicos los que deben ejercer estas funciones”.
En concreto, nuestro diputado hace referencia la “excusa” que ha utilizado Canals para llevar a cabo esta externalización y que tiene que ver con las ayudas para la rehabilitación de vivienda de la UE aún tiene por repartir en Aragón.
La directora general de Vivienda argumenta que con la plantilla existente, 22 funcionarios, no se llegará a tiempo para cumplir con los requisitos para recibir esas ayudas de Bruselas y por ese motivo ha decidido externalizar con los colegios de arquitectos y aparejadores que, además de informar y asesorar de estas ayudas a particulares y profesionales, ahora asumirán la redacción de “informes de idoneidad” que no serán vinculantes y recibirán por ello 135.000 euros, según publica Heraldo de Aragón.
Asimismo, Sanz recrimina al Gobierno de Azcón que Canals está favoreciendo al sector en el que ella trabajaba incluso cuando fue nombrada directora general, cuestión que el Ejecutivo no ha aclarado a pesar de la pregunta registrada por nuestro grupo en las Cortes ante una posible situación de incompatibilidad manifiesta entre el desempeño de las funciones de la Dirección General de Vivienda y los trabajos contratados con la administración autonómica.