Nos hacemos eco de las quejas de algunos IES del medio rural que denuncian que, en muchas ocasiones, las bajas del personal no docente no se cubren, se amortizan, o no se cubren a tiempo. El personal no docente ocupa un lugar muy importante en el desarrollo ordinario de los centros educativos públicos, sin el cual es imposible entender la buena marcha del centro.
Este es el caso del IES Pablo Serrano, de Andorra (Teruel). La situación de este IES es la siguiente. Una plaza de conserje (Personal de Servicios Auxiliares) no está cubierta desde la jubilación, en enero de 2022, de la persona que la ocupaba; una plaza de personal de limpieza (Personal en Servicios Domésticos) de baja por intervención, desde hace más de tres meses, que no se ha cubierto; una vacante en la jefatura de secretaría (Auxiliar Administrativo) por cambio de destino de la persona que la ocupaba, transcurridos ya nueve meses.
Sin embargo, el artículo 37.2 de las leyes de presupuestos de Aragón para 2022 y 2023 establece que hay que cubrir las vacantes y las bajas que se producen, sin previa autorización del Departamento de Hacienda, en diferentes Departamentos, por considerarse servicios esenciales, como es el caso del personal no docente de los centros educativos. “Un aspecto que no cumple el Departamento de Educación”, denuncia nuestro portavoz parlamentario en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, quien ha solicitado al consejero del ramo, Felipe Faci, que informe de las intenciones que tiene en relación con la cobertura de todas estas plazas.
Para Sanz, “los recortes educativos se están cebando con el medio rural, tal y como ocurre en Utrillas y en Andorra, lo que supone un recorte en los Servicios Públicos y una repercusión muy negativa en la demografía rural”.
Por otra parte, también exigimos explicaciones al Departamento de Educación ante las dificultades de algunos IES públicos para recibir los libramientos para gasto corriente del centro, lo que supone un grave problema de gestión, especialmente para la liquidez de los propios centros escolares. Cabe recordar que conforme a la norma (Decreto 111/2000, de 13 de junio, de DGA), los libramientos deberían recibirse durante el curso al que corresponde el libramiento. El primero, de un 30% del total, se recibirá una vez aprobado el presupuesto del centro y el segundo, del 70% restante, antes del 31 de marzo. Sin embargo, “esto no está ocurriendo”.
A día de hoy, apunta Sanz, algunos centros educativos todavía no han recibido el segundo libramiento del curso 2021-22. Esta circunstancia supone que los centros no puedan afrontar los gastos de electricidad, ni de calefacción y es impensable acometer otros gastos de carácter educativo, didáctico, de materiales escolares, biblioteca, reposición de material informático, etc., lo que los lleva a utilizar los fondos recibidos de otros programas específicos para afrontar el pago de los gastos corrientes de funcionamiento.
Además, el 1 de septiembre de cada curso deberían recibir una comunicación de los Servicios Provinciales, indicando el dinero que van a recibir para el curso, de manera que los centros puedan preparar sus presupuestos. “Sin embargo, reciben la comunicación a primeros de enero, una vez que han transcurrido ya cuatro meses del curso escolar”, explica el diputado quien ha registrado una pregunta dirigida el consejero de Educación para conocer las causas que motivan estas dificultades y qué centros son los afectados.