El diputado de IU Aragón, Álvaro Sanz, denuncia que sirve para hacer política a dedo y se han vulnerado la Ley del Suelo, el derecho de los propietarios a participar, la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, la ley de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón y la legislación de contratación del sector público
El 10 de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anuló el Acuerdo de Gobierno de Aragón de marzo de 2022, que declaraba “Inversión de Interés Autonómico” el proyecto promovido por la sociedad de capital CIPSA NORTE, S.L. para la implantación de una plataforma logística denominada “PLAZA 4.0” en los municipios de Zaragoza y La Muela. Incluyendo lo que afectara al Convenio de Colaboración de 2022 entre el Gobierno de Aragón, Aragón Plataforma Logística, S.A.U. y CIPSA NORTE, S.L., para el desarrollo de “PLAZA 4.0”.
La sentencia censura los privilegios otorgados a una empresa privada para la obtención de beneficios millonarios, mientras la administración asume importantes cargas económicas que la Cámara de Cuentas eleva a más de 19 millones de euros. La sentencia afirma que no hay ninguna parte que se puede salvar del convenio y cita numerosos vicios de legalidad.
Se han vulnerado la Ley del Suelo, el derecho de los propietarios a participar en el desarrollo urbanístico, la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, la ley de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón y la legislación de contratación del sector público. El Gobierno de Aragón cerró un acuerdo con el grupo comercial Lidl para la venta de terrenos en la citada urbanización para la instalación de un gran centro logístico, por el cual iba a ingresar una importante cantidad de dinero que compensará en parte los costes asumidos por la Comunidad Autónoma en el convenio para el desarrollo de PLAZA 4.0.
En el momento de la firma con Lidl, el Gobierno de Aragón era conocedor de los argumentos jurídicos del recurso contra la declaración de interés autonómico y el convenio de colaboración para el desarrollo de PLAZA 4.0, puesto que este recurso se presentó el 27 de abril de 2022.
Izquierda Unida critica duramente que desde el Partido Popular se habían apropiado del proyecto y que el resumen de la sentencia es “que fue un pelotazo a dedo, en el que el Gobierno de Aragón pone las herramientas del interés general al servicio de un particular privado y muy concreto, saltándose todas las garantías públicas”, declara Álvaro Sanz. “El TSJA tumbó el acuerdo porque era una chapuza y una cacicada sin disimulo. Nadie ha asumido ninguna responsabilidad, las irregularidades puestas de manifiesto son mayúsculas y afectan a varios departamentos del gobierno anterior y del actual” concluye.
Desde Izquierda Unida señalan que “el varapalo sufrido por las políticas de alfombra roja para los intereses privados nos obliga a replantear las dinámicas de sometimiento de la ordenación territorial y el urbanismo al servicio de los intereses privados, disfrazados bajo el eufemismo de la colaboración público – privada al que nos tiene acostumbrados el gobierno del señor Azcón.”