“Se ha perdido la oportunidad de asumir el control público definitivo de la residencia Villa de Ejea, lo que hubiera garantizando, desde lo público, el bienestar de nuestras y nuestros mayores y unas condiciones laborales dignas para su trabajadoras y trabajadores”, ha lamentado nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, en su intervención en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales durante una pregunta formulada a la consejera del ramo, María Victoria Broto. En concreto, Sanz ha pedido explicaciones a Broto por la falta de transparencia de su Departamento en la gestión de la residencia de mayores Villa de Ejea, intervenida por el Gobierno de Aragón desde hace más de ocho meses.
Sanz ha criticado la participación activa del Gobierno de Aragón en la situación actual de esta residencia cuya gestión será desarrollada desde lo privado por la Fundación Rey Ardid.
Desde su intervención, hace más de ocho meses, hemos reclamado a la consejera información sobre la situación de este centro de mayores, “pero la falta de transparencia ha sido el común denominador de la actuación del Departamento”. Sanz preguntó a Broto ante el Pleno de las Cortes el motivo de la intervención de la Administración pública en la residencia y la respuesta fue que había una “sentencia judicial”, la cual pedimos pero nunca se nos facilitó. Meses después, supimos que había una demanda interpuesta por el Gobierno de Aragón instando a la disolución de la asociación Virgen de la Oliva que gestionaba la residencia. “Una demanda que solicitamos pero que seguimos esperando”, ha recordado Sanz.
Mientras hacíamos estas preguntas en las Cortes, nuestro grupo municipal en el Ayuntamiento de Ejea solicitaba información sobre el centro pero la alcaldesa dijo durante cinco meses “no saber nada”. En verano de este año reunió a la junta de portavoces y dio a conocer que la intervención pública de la residencia iba a durar dos años, que se iba a intervenir un superávit para su remodelación y que se estaba trabajando en un acuerdo para trasladar la gestión de la residencia a una fundación privada, que relega a una participación menor del Ayuntamiento en su patronato. Así como que se estaba elaborando un informe con toda la informacion sobre la residencia que se facilitaría a los grupos.
Sorprendentemente en unos días esta información cambia y se conoce que la intervención de la residencia se acaba en septiembre porque pasa a ser gestionada por la fundación Rey Ardid, tras un acuerdo con la actual entidad gestora, y que el informe que se debía elaborar sobre la residencia ya no era necesario.
Asimismo, Sanz ha advertido a Broto que en 1991 hubo un convenio para la construcción de esta residencia y aún no se conoce si se ejecutó o no, porque “no es lo mismo que el centro se haya construido con fondos públicos o no”.
A la pregunta de Sanz sobre los motivos de la demanda por parte del Departamento, Broto se ha limitado a responder que fue por el contagio por Covid-19 de los gestores del centro (miembros de la dirección) y que se ha continuado hasta que la asociación gestora se ha transformado en fundación para hacerse cargo del centro. Esta respuesta confirma que se ha perdido una oportunidad para que pasase a gestionarse desde lo público, como proponíamos.
Broto ha eludido responder a las preguntas de Sanz sobre los motivos de la demanda a la asociación que la gestionaba y sobre el estado del informe prometido al Ayuntamiento de Ejea, que históricamente debía formar parte de la Junta Gestora de dicha residencia.
Para la portavoz de IU Ejea y Pueblos, Yolanda Roldán, “la consejera sigue negándose a responder a nuestras cuestiones, entre ellas, la entrega de un informe que transmita la información de forma clara y objetiva”. “Es lamentable esta falta de transparencia y que intenten lavarse las manos ante un caso tan grave y de suma preocupación para la ciudadanía”, ha denunciado.
Desde Izquierda Unida insistimos en que el control público, la transparencia, la rendición de cuentas de la gestión y las inspecciones son “indispensables”, por lo que continuará su trabajo en la defensa de una gestión clara, eficaz y transparente de los servicios públicos, especialmente, los sociales, como es el caso de la residencia Villa de Ejea.