1.- UNA NORMATIVA MUY TARDÍA, “SOBRE LA CAMPANA”.
Independientemente de acuerdos y desacuerdos con la Orden, ésta llega muy tarde; a dos días de la incorporación del profesorado a los centros y a una semana de la vuelta a las aulas. En este poco tiempo, los Equipos Directivos tienen que estudiarla, comprenderla, pasarla al profesorado, al personal no docente y conseguir trasladarla a las familias y al alumnado, para que interioricen las nuevas normas y hábitos.
Demasiada precipitación, habiendo tenido varias semanas vacacionales para poder haberla trabajado.
Parece que ha habido mucha improvisación, a tenor de cómo iba desarrollándose el incremento de rebrotes de la pandemia.
2.- SIN COMPROMISO DE AUMENTO DE DOCENTES, NI DE REDUCCIÓN DE RATIOS.
Solamente será posible una vuelta segura, si las ratios son bajas: 15 alum@s.
Pero, no fue ésa la decisión de DGA, sino 22, una ratio que no permite la distancia de seguridad. Es más, en los últimos días hemos visto que la ratio a 22 es falsa y que están manteniendo ratio 25. Demencial en la pandemia. Al final, Lambán se sale con la suya.
Ahora bien, para la ratio de 15 que pedimos, debería darse un aumento significativo en la contratación de profesorado nuevo: al menos un 20% más, alrededor de unos 3.000 docentes más en Aragón. Pero, DGA se ha quedado solamente en unos 350 más.
Aragón queda en una situación paupérrima, como la Comunidad de toda España que menos aumenta sus docentes: solamente un mísero 2’2% más. Muy lejos del +14% de Canarias; del +10% de Madrid; del +8% de la Comunidad Valenciana; del +7% de Cataluña; del +6% de Andalucía y Rioja.
No nos vale que, ahora, con el agua al cuello por las críticas, el presidente Lambán diga que se contratarán los docentes que hagan falta. ¿Y por qué no los ha contratado a tiempo para planificar bien el curso? Suena a excusa barata y a improvisación.
Tantos desaires del presidente Lambán, durante tantos meses, para quedar retratado como el último de la fila.
3.- SIN COMPROMISO REAL DE INVERSIÓN, PARA MEJORA DE LA SEGURIDAD SANITARIA EN LOS CENTROS ESCOLARES.
Tampoco detalla ni profundiza sobre un personal imprescindible (y precario) para la seguridad escolar: personal de comedor, personal de limpieza, auxiliares de EE, personal de transporte escolar. Estos colectivos no van a poder desarrollar la gran cantidad de trabajo “nuevo”, con los mismos efectivos. A no ser que se quiera precarizar todavía más sus empleos.
La tarea nueva que va a sobrevenirles (limpiar baños varias veces, aulas, espacios comunes, desinfección, ventilación de aulas y espacios, comedor en espacios diversos, más control en el transporte, etc) necesita de aumento de personal, entre el 20 y el 40% según los sectores. A lo que añadimos los incumplimientos del Dto. Educación de sus propias normas sanitarias, como la solicitud que ha hecho al Dto. Sanidad, para que los autobuses escolares puedan ir al 100% de ocupación (en lugar del 50% que dice la norma), en zonas 2. Riesgo máximo de contagio.
También, la necesidad primaria de proteger al alumnado de riesgo, al personal de riesgo y cubrir las bajas rápidamente. Como medida inmediata, se necesitaría hacer tests a todo el personal del centro, antes del inicio de clases.
Es competencia del Departamento de Educación garantizar la seguridad sanitaria, y debe evitar que esta situación excepcional suponga un sobrecoste para las familias, y pueda generar contagios por precariedad económica o falta de formación. Por lo tanto, Educación debe dotar a los centros educativos de todos los materiales de protección individual y colectiva para todas las personas (profesorado, no docentes, alumnado, PAS….) que permanecen en los centros educativos: mascarillas, pañuelos desechables, gel, termómetros térmicos, desinfectantes, material de señalización…
Por ello, debe haber un cambio en la gestión de los gastos de funcionamiento de los centros, que necesitan un incremento significativo, además del pago inmediato de las cantidades pendientes y del libramiento de los fondos en plazo, que les posibilite responder a las necesidades puntuales que se presenten.
La inversión de DGA en todas las nuevas medidas rondará los 15-20 mill., la segunda cifra más baja de toda España. Muy lejos de alguna Comunidad similar a Aragón, que destinará 100 mill. Y dejando aparte a otras CCAA más grandes, que dedicarán 250, 300 o 600 mill.
Sorprende la cifra tan baja de Aragón, cuando va a contar a fondo perdido con 54 mill extra para Educación, provenientes del fondo covid del Gobierno Central. Entonces, ¿a qué van a destinar ese dinero extra?
Tantos desencuentros del presidente Lambán, durante tantos meses, y otra vez, a la cola del pelotón.
4.- NECESITAMOS ENSEÑANZA PRESENCIAL PARA TODO EL ALUMNADO.
Discrepamos en la enseñanza no presencial a partir de 3º ESO. No se entiende que si el resto de alumnado puede estar en clase durante la jornada completa (porque las condiciones sanitarias lo permiten), no puedan hacerlo los de 3º y 4º ESO, Bachillerato y FP. Así va a ocurrir en los IES rurales y en las zonas de bajo riesgo sanitario. La enseñanza presencial es equidad y calidad, y si faltan espacios, los centros también pueden utilizarse por las tardes, como ocurrirá en determinados procesos de FP.
Muchos IES rurales, como los de las Comarcas del Bajo Aragón histórico, ya han solicitado enseñanza presencial total para el alumnado de sus centros. Si ellos pueden hacerlo porque es conveniente, ¿por qué no los demás?
Sólo entendemos esta medida como un ahorro económico para la DGA, y tendrá además una repercusión negativa en el alumnado afectado, a tenor de lo que se indica en la Orden: una reducción evidente de la materia escolar a impartir, en las sesiones en las que el alumnado se quedará en casa.
5.- MEJORAR LOS MECANISMOS DE CONTROL SANITARIO EN LOS CENTROS ESCOLARES.
Derivar toda la tarea del control sanitario de los centros educativos hacia los Centros de Salud de la zona nos parece que va a representar una sobrecarga para los sanitarios de Atención Temprana, muy difícil de poder desarrollar, y que tenderá a ahogar y bloquear el funcionamiento de los mismos. Otra vez, la falta de personal.
Así mismo, pensamos que no es de recibo que las labores de prevención y vigilancia epidemiológica en las aulas recaigan sobre personal docente, sin formación sanitaria; máxime cuando existe la figura de la enfermería escolar, que instamos a que se implemente al menos un profesional sanitario por centro educativo, como estrategia avanzada de control sanitario en las aulas, ya que supondría la avanzadilla en la salud comunitaria de nuestros menores durante la pandemia.
En esta misma línea, planteamos la necesidad de creación de una Comisión de Salud en el Consejo Escolar de cada centro, formada por representantes de toda la Comunidad Educativa.
6.- GARANTIZAR DISPOSITIVOS DIGITALES DESDE EL 11-SEPTIEMBRE.
Los dispositivos digitales deben evitar la brecha digital, que se incrementó en el tercer trimestre del curso 2019-20, para el alumnado en desventaja social.
Tengamos en cuenta que DGA desarrollará, a partir de 3ºESO y desde el 11-septbre, la enseñanza en alternancia “casa-centro escolar”, de manera que el alumnado en brecha digital (de entre los 13.000 que indicó DGA que había en Aragón) que esté en enseñanza no presencial necesitará dispositivos y conexión. Creemos que en esa fecha DGA no va a poder facilitar los equipos al alumnado en brecha digital, debido a que está pendiente del convenio con Red.es que, al ser una compra centralizada por el MEC, va a dilatarse a lo largo de primer trimestre del curso.
Y sería inadmisible que, otra vez, el mismo alumnado se quede fuera y vuelva a aumentar su brecha digital.
Ante la posibilidad de que se plantee la necesidad de impartir, la docencia telemática, planteamos la necesidad de formación en competencias digitales para toda la comunidad educativa.
7.- ATENCIÓN PRINCIPAL AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES Y AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS.
La atención al alumnado con necesidades especiales y específicas debe ser una política prioritaria de las Administraciones educativas.
Desde el inicio de curso, debe resolverse el déficit que padece el alumnado con necesidades y dar continuidad a las terapias; contratar el personal terapéutico y sociosanitario necesario; así como posibilitar la coordinación entre las Consejerías afectadas para garantizar la cobertura de las necesidades de rehabilitación de este alumnado. Y continuar con esta atención principal en sus domicilios, en el caso de confinamiento por covid.
Nos preocupa el tratamiento que da la Orden de inicio de curso en Aragón, cuando indica que “Aquel alumnado que padezca patologías que supongan un factor de riesgo grave ante el covid-19, podrá no acudir a los centros docentes”, sin explicitar de manera clara cuáles serán las atenciones que reciban de la Consejería de Educación.
Los centros en desventaja, que escolarizan al mayor porcentaje de alumnado con necesidades de apoyo educativo no pueden sufrir el agravamiento de la brecha social. El aula, como espacio de superación de las desigualdades sociales, requiere de un esfuerzo añadido en este sentido.
Sin embargo, nos preocupa el texto recogido en la Orden de Aragón, en el que se indica que, en EI-PRI, “se priorizará el desdoble de grupos sobre cualquier otra medida de atención a la diversidad”. Aspecto que parece que puede afectar negativamente a la atención específica del alumnado con necesidades educativas.
8.- EL HORARIO DE RELIGIONES NO PUEDE ROMPER LOS GRUPOS-BURBUJA.
Es evidente que la impartición de las Religiones, tal como se estaba realizando, supondría mezcla de alumnado de diferentes grupos-burbuja, con los consiguientes riesgos.
La Orden establece que se organicen los grupos clase lo más estables posibles, minimizando el contacto y la entrada al aula de alumnado de otros grupos. Reconoce que en 1º y 2º de ESO quizás esto no sea posible en las materias de Taller de Matemáticas, Taller de Lengua y Segunda Lengua Extranjera, pero no existe referencia a la optatividad entre Religión y Valores Éticos, que genera la misma problemática.
Proponemos que en el escenario 2 no se imparta Religión/Valores Éticos, cuando suponga mezcla de grupos, y que el profesorado asignado se haga cargo de los grupos estables, impartiendo contenidos comunes que podrían estar relacionados con los protocolos de actuación derivados del Covid-19.
9.- NECESIDAD DE APLICAR LAS NORMAS DE INICIO DE CURSO TAMBIÉN A LOS CENTROS PRIVADOS.
La Orden indica que los centros docentes privados no concertados adecuarán las presentes Instrucciones a su propio contexto en el marco de su autonomía, que viene determinada por el artículo 25 de la LODE. Es decir que no les obliga al cumplimiento de la Orden. Aspecto que, para el Área de Educación de IUA, resulta sorprendente e inaceptable.
El artículo 25 de la LODE indica que los centros privados gozarán de autonomía para establecer su régimen interno, seleccionar su profesorado de acuerdo con la titulación exigida por la legislación vigente, elaborar el proyecto educativo, organizar la jornada en función de las necesidades sociales y educativas de sus alumnos, ampliar el horario lectivo de áreas o materias, determinar el procedimiento de admisión de alumnos, establecer las normas de convivencia y definir su régimen económico. En nuestra opinión, es autonomía para el establecimiento de su organización escolar.
Pero, en la situación actual de pandemia, entendemos que todos los centros educativos (incluidos los privados) deben cumplir los requerimientos de seguridad para luchar contra el virus. La pandemia y la salud pública están por encima de aspectos particulares. Sería curioso que los centros privados no cumplieran las medidas de seguridad, de distancia, de lavado de manos, de control de contagios, de limpieza, de desinfección, de confinamiento en su caso… Y acabaran convirtiéndose en focos de rebrote epidémico.
Por tanto, los centros privados deben cumplir todas las medidas de lucha contra el virus, independientemente de su autonomía de organización escolar. DGA debería modificar la Orden y dejarla más clara para los centros privados.