El grupo provincial En Común en la Diputación de Zaragoza presentará este miércoles en el Pleno una moción en defensa de la Gestión Pública del Agua y tras el informe de fiscalización del Instituto Aragonés del Agua relativo al ejercicio 2015 realizado por la Cámara de Cuentas de Aragón en el que habla de sobredimensionamiento, ineficacia del régimen de concesión privada, incumplimiento del control de la ejecución de las inversiones, deficiencias en el sistema de financiación y explotación del actual Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.

En Común propone en esta iniciativa medidas contra la aplicación del citado Plan. Entre ellas, reclama al Gobierno de Aragón una reforma del ICA que recoja exenciones a aquellos municipios que no dispongan de depuración y el estudio de la puesta a disposición de dichos Ayuntamientos, para que financien sus respectivas depuradoras, de lo que hasta hoy han pagado sus vecinos por el ICA y también de lo que esos ayuntamientos han pagado como canon de vertido a la CHE, sin perjuicio de proceder a las reclamaciones por incumplimiento contractual cuando proceda.

Para En Común, el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración ha supuesto un fuerte encarecimiento del coste del saneamiento en muchos municipios de la provincia, “en la medida en que gestionar desde el Ayuntamiento la depuradora que sea de propiedad municipal, es mucho más barato que lo que se cobra a los vecinos y vecinas el Instituto Aragonés del Agua con el Impuesto de Contaminación de las Aguas”, explica su portavoz, José Ángel Miramón, para quien “es una situación injusta que arrancó con la urgencia que tuvo la DGA para demandar las competencias municipales y terrenos para esas depuradoras, que en muchos municipios llegaron incluso a licitarse, sin estar asegurada la capacidad y disposición de las empresas adjudicatarias para cumplir los plazos previstos por contratos, que finalmente incumplieron”.

En su opinión, “supone un trato de favor del IAA y del Gobierno de Aragón hacia las empresas concesionarias que incumplieron sus contratos, eludiendo la denuncia de dichos contratos y la exigencia de compensar los daños y perjuicios generados a los municipios por ese incumplimiento”.

Por ello, además de la reforma del ICA, En Común reclama al Gobierno de Aragón que facilite la recuperación de competencias por parte de aquellos ayuntamientos que así lo soliciten, como se ha hecho con el Ayuntamiento de Jaca, anulando los correspondientes convenios incumplidos, de forma que cada ayuntamiento, si así lo desea, pueda gestionar su depuradora, si es propietario de ella, y licitar las instalaciones que entienda adecuadas para sus núcleos urbanos, actualmente sin saneamiento y exigir al Ministerio la inmediata supresión de las multas promovidas por la CHE contra los ayuntamientos que, habiendo cedido competencias, no disponen de las depuradoras previstas.

Otra de las reivindicaciones es la puesta en marcha de tarifas progresivas que permitan recuperar los constantes del ciclo integral del agua incluyendo penalizaciones, exenciones e incentivos que garanticen el acceso universal de los ciudadanos a servicios de alta calidad, una gestión de la demanda eficiente, y el sostenimiento financiero del ciclo integral del agua. Y reclama a la DGA que promueva también una nueva fase de colaboración pública con los Ayuntamientos, basada en promover la gestión pública y no la privatización de los servicios de agua y saneamiento.

La moción que presentará este miércoles el grupo provincial en Común reclama a la DPZ que apoye el “Compromiso por la gestión pública del agua” firmado por PSOE, PODEMOS, CHA, IU, EQUO, ZeC, los sindicatos UGT y CCOO y once asociaciones ciudadanas en septiembre de 2015, “ante la necesidad de poner freno a las nuevas estrategias trasvasistas y a las presiones privatizadoras del agua que se extienden en Aragón”.