Sin sorpresas en el Pleno extraordinario de esta mañana en el Ayuntamiento de Teruel, convocado ante la oleada de recortes. El equipo de gobierno ha seguido a pies juntillas el guión y tanto PP como PAR han repetido uno de sus mantras, el de “todos hemos gobernado luego todos somos responsables de la situación”. El portavoz de Izquierda Unida, José María Martínez, ha llevado su respuesta a ejemplos locales y ha dejado claro que IU no es responsable ni de aeropuertos, ni de edificios como el de la plaza Domingo Gascón, ni de las luces del Torico, que nuestra postura ha sido siempre la misma, contraria a este modelo. También se ha referido a la oposición de IU a la Constitución Europea, aquella que ya anticipaba la Europa de los mercados que ahora sufrimos.

Esta ha sido la intervención inicial completa del concejal de Izquierda Unida, en la que analiza el impacto de las medidas acordadas por el Gobierno sobre los ciudadanos de Teruel:

El Gobierno de España ha acordado mediante decreto, el pasado día 13, el mayor recorte a nuestros derechos y a nuestra economía familiar.

Estamos hablando de quitar una paga extra a los trabajadores públicos, de subir el IVA, de subir la electricidad, de rebajar el desempleo, las ayudas a la dependencia, de quitar a los empleados días de permiso, derechos sindicales, en fin, no quiero cansar con la enumeración de todo lo que contiene un decreto de 91 páginas, todas ellas con recortes.

Se dejan sin efecto los convenios, pactos y acuerdos que se opongan a este decreto, se rebajan las cotizaciones a la seguridad social a las empresas en momentos en que la Seguridad Social tiene déficit, aunque habría que hablar del déficit de la misma cuando aún no se han separado las fuentes de financiación, se dan beneficios fiscales a la candidatura olímpica Madrid 2020, en fin que los de abajo tenemos que soportar todo el peso de los recortes.

A esto le añadimos también el anuncio que hizo el presidente del Gobierno el pasado 11 de julio de rebajar el número de concejales en los ayuntamientos, dentro de un borrador de proyecto de ley de modificación más amplia de la ley de bases de régimen local que ha enviado el Gobierno a la FEMP.

¿Qué impacto tienen las medidas acordadas por el Gobierno de la Nación en Teruel ciudad y en sus ciudadanos?

Podríamos hablar de nueve impactos principales, cinco políticos y cuatro económicos:

El primero, el aumento de la desconfianza en la política, o sea en la democracia. No es posible que un partido se presente a unas elecciones con unos compromisos concretos, gane esas elecciones y luego haga lo contrario de lo anunciado. Eso es un fraude a los electores que si no está castigado por la ley debería estarlo. Si un gobernante no puede llevar adelante lo que ha prometido por una circunstancia sobrevenida o desconocida para él, no puede honestamente hacer lo contrario. Será legal, pero no es legítimo. Por eso proponemos desde IU, junto con los sindicatos, que dimita el gobierno o que haga un referéndum sobre las medidas.

El segundo, es la incredulidad de la ciudadanía, con respecto a los mensajes de los responsables políticos. ¿No eran los bancos españoles los mejores del mundo hace poco? Se ha demostrado después que la mayoría están en una situación catastrófica ¿Por qué nos mienten? ¿Cómo vamos a confiar en lo que dicen?

El tercero, la extrañeza ante las medidas adoptadas, por la poca relación de la causa aducida con los efectos que nos imponen. El ciudadano ve que para rescatar a los bancos, se recortan sus derechos y se les quita los dineros. ¿Cómo es posible que para rescatar a Bankia le quiten, por ejemplo, a los funcionarios la paga de Navidad? ¿Qué tiene que ver la fraudulenta gestión de Bankia con los funcionarios?

El cuarto, la sensación de la inutilidad del voto. Quienes tienen el poder económico nos imponen las medidas, dicen los responsables del gobierno. Entonces, ¿Para qué vale el gobierno? ¿Por qué debemos supeditar los intereses de los especuladores a los derechos de los ciudadanos?

El quinto, el sentimiento de culpa que nos quieren meter a la población. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, nos dicen. Y la realidad es que una parte importante de lo que nos pasa es debido a la especulación urbanística, a las hipotecas a 50 años, a un desgobierno importante del mundo financiero.

El sexto, es el recorte en la capacidad de compra. La subida del IVA, los lapiceros y los cuadernos al 21 %, va a empujar hacia abajo el consumo, y ya veremos si se consigue más recaudación. Desincentivar el consumo nos mete más en el agujero.

El séptimo, el ataque al pequeño comercio que supone la liberalización de horarios comerciales. Ataque frente al cual el comercio minorista no puede competir.

El octavo, la disminución de ayudas en caso de necesidad. El paro, la dependencia, las ayudas a la emancipación, etc…, supone que del bolsillo de otros ciudadanos saldrá lo que necesiten esas personas.

El noveno, la ruptura del modelo de concertación que marca nuestra Constitución. Nuestra Constitución se apoya en la autonomía colectiva para negociar convenios, con el fin de, naturalmente, cumplirlos luego. La Reforma Laboral que aprobó este Gobierno deja malheridos los Convenios del Sector Privado, y ahora este decreto remata los del Sector Público.

Pero lo peor es la sensación de que no vamos por el buen camino. El viernes 20 de noviembre la prima de riesgo estaba en 441 puntos. El pasado viernes en 610. Recortes, recortes y más recortes, y el enfermo ni siquiera se estabiliza. Tenemos la sensación de que la terapia que se aplica al enfermo no es la correcta, porque el enfermo empeora. Como empeora Grecia.

En mi opinión, los poderes económicos intentan buscar una salida en la que los trabajadores de este país hayan perdido sus derechos conseguidos en muchos años con la excusa de la crisis que éstos no han provocado.

Todos estos impactos van a empeorar la vida de la ciudadanía de Teruel. ¿Va a hacer algo este gobierno municipal para evitarlo, o al menos paliarlo?

¿Qué consecuencias tienen estas medidas en la destrucción de empleos privados y públicos en la ciudad de Teruel?

Teruel es una ciudad con un importante sector público, el cual se va a ver muy afectado por los recortes salariales. Si a ello le añadimos la subida del IVA y la liberalización de los horarios comerciales, el futuro del pequeño comercio es muy negro. Algunas de estas pequeñas empresas cerrarán y eso se traducirá en aumento del desempleo.

¿Cuál será el mapa político y social resultado de la futura reducción de 21 a 15 concejales del ayuntamiento de Teruel?

Con los datos de las últimas elecciones municipales, si se recortaran de 21 a 15 los concejales, todos los partidos que estamos seguiríamos en este pleno. Pero eliminaríamos en España muchos concejales de partidos minoritarios y muchos concejales de pueblos pequeños, verdaderos voluntarios del municipalismo. La modificación va en sentido contrario del informe del Consejo de Estado.

Pero claro la reforma que plantea el gobierno no tiene sólo el objetivo de reducir concejales, y no es sólo para Teruel. El objetivo es atacar los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera.

La Reforma avanza en la dirección contraria a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones de IU: más autonomía, claridad competencial y más financiación.

Introducir elementos como la posibilidad de que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan verse privados de sus competencias para prestar servicios mínimos por decisión de las comunidades autónomas, atenta claramente contra el principio de autonomía local, da una preeminencia jurídica y política a las comunidades autónomas sobre los ayuntamientos que no tiene sujeción legal y relega al mundo municipal a un papel residual en el contenido político de la gestión.

Por otro lado, regular que,  para llevar a cabo iniciativas públicas de carácter económico por parte de los ayuntamientos,  se tenga que aprobar por los órganos de gobierno de las CCAA, con unas condiciones tan exageradas y unos sistemas de control tan exhaustivos, solamente pueden pretender que las mismas no se lleven a cabo. No debemos olvidar que el PP a través de esta reforma pretende básicamente poner coto a la actividad municipal, reducirla a la mínima expresión, llegando al extremo de exigir un estudio de mercado con objeto de  que la iniciativa municipal no afecte a la concurrencia empresarial. Es decir si la actividad se ejerce desde el ámbito privado no es necesaria la actividad pública. Toda una declaración de intenciones y de intereses elevada al rango de ley.

Valgan estos dos ejemplos para ilustrar el trasfondo de una reforma que lejos de ser una mera adecuación legislativa a la normativa estatal lo que hace es modificar el modelo constitucional de la estructura territorial del Estado relegando a los ayuntamientos al mero papel de delegaciones de las CCAA y del Estado, sin contenido político y sin capacidad de gestión más allá de lo que decidan las otras administraciones.

Se incorpora el principio de una administración una competencia pero no después de un análisis de quién y cómo debería ejercerlas sino simplemente eliminando la posibilidad de que los ayuntamientos puedan ampliar su ámbito de actuación en materias de interés para los ciudadanos. Se olvida la gran experiencia de gestión local en muchas materias como empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, prevención de la salud, educación infantil etc,  y se obvia conscientemente que hoy existen estructuras estables de gestión cuya única alternativa prevista en la Ley es su desaparición ya que se prohíbe la realización de otras competencias distintas a las señaladas legalmente.

En contra de la posición política que ha venido manteniendo siempre IU se refuerza el papel de las diputaciones provinciales, estructuras obsoletas, cuestionadas políticamente en muchos casos e inútiles una vez que existen las CCAA, y en Aragón las comarcas. Se les refuerza en detrimento de las mancomunidades o consorcios constituidos voluntariamente por los ayuntamientos en el ejercicio de su autonomía local. El que las diputaciones puedan realizar los servicios mínimos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes por decisión autonómica  significa darles un papel político incomprensible ajeno a la estructura territorial del Estado y que solo se puede entender por razones ocultas no explicitadas.

Nosotros seguiremos defendiendo la desaparición de las diputaciones provinciales y la asunción de sus competencias por la CCAA, ya que en este momento sus funciones se suplantan, se confunden y en muchos casos se duplican. No puede ser creíble el discurso del PP contra las supuestas duplicidades administrativas y que se opte por reforzar las diputaciones provinciales salvo que el objetivo final no sea otro que debilitar los municipios, cuya autonomía molesta.

No se realiza ninguna mención a la financiación necesaria para asumir los retos municipales y solamente se menciona la obligación de cumplir la  Ley de Estabilidad Presupuestaria por encima de todo, no se menciona ni una sola vez a los ciudadanos y sus derechos y no se aborda la insuficiencia financiera local. Bien al contrario las disposiciones transitorias previstas en el anteproyecto establecen la obligación de evaluar el coste de los servicios municipales estableciendo tres opciones para los ayuntamientos si los mismos son deficitarios: o se cierran o se privatizan o se intervienen. Filosofía de gestión del PP elevada a rango de ley.

En mi opinión, lo que se pretende es centralizar el Estado, lo que unido a lo antes mencionado sobre los convenios colectivos, nos conduce a una regresión constitucional, es decir, hacia situaciones anteriores a 1978.

Propuesta de rechazar los decretos 20/2012 y 21/2012:

Naturalmente, el objetivo de nuestra propuesta supone votar el rechazo del ayuntamiento de Teruel de estas medidas. Creemos que el equipo de gobierno del ayuntamiento de Teruel se debe al voto de sus ciudadanos, y por lo tanto debe proteger los derechos de los mismos, que con estos decretos han sido eliminados o reducidos.

 

Teruel, 23 de julio de 2012

José María Martínez Marco, Concejal de IU en Teruel