Las políticas económicas de austeridad del PP en gasto social han llevado a millones de ciudadanos de nuestro país a un callejón sin salida, condenados a vivir en situación de precariedad. Casi el 30% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos de Oxfam Intermon.
España podría tener 20 millones de pobres en 2015, seis millones de personas se encuentran en desempleo (un 40% de ellas sin ninguna prestación económica), la precariedad laboral no permite vivir con un empleo, los desahucios por ejecuciones de alquiler e hipotecarias siguen creciendo mientras el parque de viviendas vacías de la banca aumenta, el corte de los suministros energéticos agobia a las familias y la tasa de pobreza infantil se sitúa ya en el 30%, según datos de Caritas Europa. Ojo al dato.
Así es, mientras pagamos la deuda nos hundimos en la miseria, una deuda ilegitima para rescatar a la banca a la que nos llevaron los gobiernos, uno tras otro, del PSOE y el PP. ¿Por qué no la empleamos para rescatar a las familias?
En nuestros barrios rurales, la crisis es menos visible que en la ciudad por la errónea vergüenza de las personas que padecen sus efectos; vergüenza que hacen propia debiendo ser de otros; vergüenza ante sus vecinos y familia por creer que vivieron por encima de sus posibilidades mientras quienes lo hacían eran otros.
En este contexto de desigualdad creciente y de situaciones de exclusión social cada vez más graves se hace necesario e imprescindible establecer una forma de redistribución de la riqueza: “Un ingreso económico pagado como derecho de la ciudadanía” para todas aquellas personas adultas sin recursos suficientes.
A esto invitaba la Resolución de 2010 del Parlamento Europeo a los Estados Miembros, a introducir unos regímenes que garanticen una renta mínima equivalente al 60% de la mediana de la renta nacional, mientras que la resolución 2011/17 instaba a la Comisión a realizar consultas sobre la posibilidad de una iniciativa legislativa para lograr una renta mínima razonable.
Sobran razones y fundamentos, pues, para la implantación de la renta básica y así lo propone la Iniciativa Legislativa Popular de renta básica:
La renta básica como derecho personal, universal e incondicional para cubrir las necesidades básicas de cada persona. Su cuantía se fija en 645,33 euros/mes, importe equivalente al umbral de la pobreza según el último dato de EUROSTAT.
La renta básica como instrumento para la erradicación de la precariedad laboral, el desempleo y la pobreza.
La renta básica como instrumento de transformación social para alcanzar la igualdad social.
La Iniciativa Legislativa Popular establece una aplicación gradual en dos fases:
La primera afecta a todas las personas domiciliadas en el territorio Español inscritas en el Servicio Público de Empleo que no tengan cobertura por desempleo y a aquellas cuyos ingresos sean inferiores a la cuantía de la renta básica.
En la segunda fase se regula su extensión como derecho universal.
Su financiación se liga directamente al sistema fiscal, aportando más impuestos los que más tienen, incluido el mayor control sobre la elusión fiscal de los grandes capitales y empresas.
En definitiva, reivindicar el derecho al empleo digno, a la vivienda digna, a la Sanidad Universal, a la Educación Pública, a unos Servicios Públicos de calidad, pasa por luchar por la igualdad social y la renta básica y por recuperar la dignidad.
La supervivencia en estas condiciones es posible por la existencia de un gran mercado negro de productos básicos que atraviesan por los túneles, ya que las fronteras están permanentemente cerradas. La destrucción de estos túneles, que el Gobierno israelí y sus aliados norteamericanos y europeos (incluida España) achacan a la necesidad de evitar que pasen armas por ellos, deja a la población gazatí sin posibilidades de alimentarse o curarse.
Por último, la ventaja competitiva de las grandes superficies se basa en el deterioro de las condiciones laborales. Empresas con beneficios buscan un mayor margen comercial a costa de los trabajadores-consumidores. Por eso apoyamos las movilizaciones de los trabajadores de la superficie comercial para denunciar el convenio colectivo firmado por la patronal y los sindicatos, Fasga y Fético. Ayer se concentraron frente a las puertas del Alcampo en la localidad zaragozana de Utebo para denunciar que en este convenio se ha firmado un profundo recorte, de los derechos y salarios de los trabajadores de los grandes almacenes, siguiendo el camino contrario a las medidas aprobadas por la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo.
En Izquierda Unida creemos que la empresa puede seguir produciendo y que la experiencia de esos 130 trabajdores puede servir para mantener funcionando la fábrica con ese u otro nombre o, incluso, como cooperativa de trabajadores, algo que no interesa a la empresa. Aquí es dónde deberían apoyar los gobiernos. Sin dudarlo, Izquierda Unida estará con los trabajadores.
