La formación llevará al Pleno de mañana, 26 de febrero, una iniciativa para frenar temporalmente nuevas autorizaciones de grandes proyectos energéticos mientras se regula su implantación con criterios claros, participación pública y defensa del interés general.
Cambiar Monzón defenderá en el Pleno municipal del próximo 26 de febrero una Propuesta de Resolución para acordar la suspensión cautelar y temporal del otorgamiento de licencias urbanísticas y de actividad vinculadas a la implantación de grandes instalaciones renovables —plantas fotovoltaicas en suelo, parques eólicos, instalaciones de biomasa e infraestructuras asociadas al hidrógeno— así como de sus elementos auxiliares y líneas de evacuación, mientras el Ayuntamiento impulsa una regulación específica en el planeamiento municipal.
La iniciativa responde a la creciente presión de proyectos de gran escala sobre el término municipal y a la necesidad de actuar con responsabilidad institucional ante posibles impactos acumulativos sobre el paisaje, la biodiversidad, los suelos agrarios y la calidad de vida de la población. Cambiar Monzón defiende con claridad la transición energética y la descarbonización, pero advierte de que sin planificación pública y sin reglas claras el municipio puede quedar condicionado por decisiones difíciles de revertir.
“Estamos a favor de las energías renovables, pero no de cualquier manera. La transición justa exige planificación democrática, transparencia y criterios objetivos: saber dónde sí, dónde no, en qué condiciones y con qué garantías sociales y ambientales. Si no ordenamos, lo que se impone no es la transición, es la ley del más fuerte”, ha señalado Vicente Guerrero Oncíns, portavoz de Cambiar Monzón.
Guerrero ha subrayado que la propuesta no pretende frenar el autoconsumo ni la generación distribuida de proximidad, sino evitar que el desarrollo energético quede en manos de macroproyectos sin una visión conjunta ni evaluación rigurosa de impactos acumulativos. “No se trata de cerrar la puerta a las renovables, sino de abrir un proceso serio para que el municipio decida cómo quiere implantarlas, priorizando modelos vinculados al autoconsumo, a las cubiertas industriales y residenciales, a la eficiencia energética y a las comunidades energéticas locales”, ha añadido.
Desde Cambiar Monzón recuerdan que el actual Plan General de Ordenación Urbana no ofrece herramientas suficientes para ordenar este tipo de instalaciones de gran escala. Por ello consideran imprescindible avanzar hacia una regulación municipal que establezca criterios claros de ubicación, distancias mínimas a núcleos habitados, integración paisajística, protección ambiental, compatibilidad con usos agrarios y mecanismos de retorno social y económico para la población.
La formación enmarca esta propuesta en una línea de coherencia política y de defensa del interés general. En el mismo Pleno del 26 de febrero se someterá también a votación la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias para instalaciones de tratamiento, valorización o transformación de residuos orgánicos, purines o subproductos ganaderos destinadas a la producción de biogás, biometano, compostaje u otros derivados, así como de las infraestructuras directamente vinculadas. Cambiar Monzón votará a favor de esa suspensión por responder a la misma lógica: ordenar antes de autorizar cuando se trata de actividades con fuerte impacto territorial.
“Cuando hablamos de proyectos que pueden transformar de manera profunda nuestro entorno, el Ayuntamiento no puede limitarse a tramitar expedientes. Tiene la obligación de anticiparse, planificar y fijar condiciones que protejan el interés colectivo. Y eso, en ocasiones, implica parar cautelarmente para hacer bien las cosas”, ha afirmado Guerrero.
Con esta iniciativa, Cambiar Monzón llama al equipo de gobierno y al conjunto de la corporación municipal a abrir un debate serio, informado y participativo sobre el modelo energético y territorial que necesita la ciudad. El objetivo es compatibilizar la imprescindible transición ecológica con la defensa del paisaje, la economía agraria y el bienestar de la población, evitando una implantación desordenada que hipoteque el futuro del municipio.