La situación de emergencia migratoria en Canarias donde cerca de 6.000 menores no acompañados se encuentran en estado de extrema vulnerabilidad es un desafío humanitario que no puede ignorarse.
“Los menores no acompañados que llegan a nuestro país deben gozar de los mismos derechos y garantías que cualquier niño o niña español. Es responsabilidad del Estado y de las Comunidades Autónomas implementar que garanticen su protección y desarrollo integral” Ha declarado Vicente Guerrero, portavoz municipal de Cambiar Monzón y coordinador Izquierda Unida Altoaragón. Disponemos de los recursos necesarios y es fundamental que la atención se coordine a nivel estatal y autonómico, a través de políticas solidarias y vinculantes.
La propuesta de modificación del artículo 35 de la Ley 4/2000, que presentaron en julio de 2024 SUMAR, PSOE y la Coalición Canaria, busca corregir las deficiencias y establecer una distribución equitativa de menores no acompañados entre las Comunidades Autónomas cuando se supere el 150% de la capacidad de acogida en un territorio, incluye un mecanismo de financiación que garantiza los recursos para afrontar el desafío del acogimiento vinculante.
Esta propuesta no prosperó con los votos en contra del PP, Vox y Junts. Desde Cambiar Monzón consideran esencial seguir impulsando esta reforma para garantizar una distribución más justa y eficaz de los menores migrantes no acompañados y asegurar su protección jurídica por lo que apoya la modificación del artículo 35 de la Ley 4/2000, para establecer mecanismos vinculantes y solidarios que garanticen los derechos y el bienestar de la infancia migrante no acompañada en España.
Guerrero ha solicitado al Gobierno de Aragón que cumpla con los compromisos adquiridos en la Conferencia Sectorial de Infancia de 2022 y los nuevos acuerdos de Canarias de 2024 para el acogimiento de menores no acompañados y que se aumenten las plazas para la acogida de menores migrantes no acompañados, permitiendo darles una respuesta adecuada.
Igualmente, solicita al Ministerio de Infancia y Juventud que continúe promoviendo políticas y medidas efectivas para garantizar los derechos de los niños y niñas migrantes en situación de vulnerabilidad extrema. Y que los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados apoyen la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.