Hemos conseguido blindar el modelo social y familiar agrario desde todas las políticas públicas que van destinadas al campo aragonés con las enmiendas introducidas al proyecto de ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario. Hemos logrado introducir un total de 32 de las 46 presentadas cuyo grueso ha explicado en rueda de prensa nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, quien está satisfecho con el trabajo que se ha realizado en la ponencia de esta ley en su trámite desarrollado en las Cortes de Aragón.
Siempre hemos denunciado ese modelo agrario y ganadero que el Gobierno de Aragón, que por un lado decía defender el modelo social, apoyaba y que hacía inviable la actividad social y familiar en el ámbito del campo.
Votamos sí a la tramitación de este proyecto de ley fundamentalmente porque definía un modelo de agricultura familiar hacia el que dirigir prioritariamente las medidas de apoyo público y reconocía los nocivos efectos sobre el modelo familiar de producción ganadera y en ámbito zoosanitario y medioambiental de ese modelo industrial de la ganadería intensiva y planteaba ya una limitación en la capacidad de las explotaciones, cuestión muy importante para la formación política y social.
También establecía el marco de gestión del banco de tierras con el patrimonio agrario de la ahondaba en la idea de que las políticas públicas que se desarrollen en materia agraria y no agraria protejan ese modelo social y familiar de la agricultura y ganadería que es mayoritario en Aragón y blindarlo frente a esos procesos que lo amenazan.
Por ello, el sí a su tramitación estaba justificado y las enmiendas presentadas han tenido el objetivo de fortalecer el carácter social de esta ley en la que ni siquiera la palabra “social” aparecía en el texto. “Focalizar todos nuestros esfuerzos en que esta ley priorizase ese modelo social. Tanto es así que se ha modificado incluso el título, pero no es solo una modificación nominal, es una modificación de fondo”, ha explicado Álvaro Sanz.
Hemos incidido en el carácter social de esta ley al conseguir que se reduzca la dimensión económica de las explotaciones con la consideración de social y familiar, de 2,5 millones de euros de producción estándar a 1 millón. Algo que, para el diputado, resulta más ajustado a la realidad del campo aragonés.
También hemos modulado el coeficiente de profesionalidad requerido para tener la consideración de “social y familiar”, de forma que este será mayor cuanto mayor sea el tamaño de las explotaciones. “Es decir, el monto total de los ingresos que tienen que venir del campo para que esa explotación sea considerada social y familiar”, ha explicado.
Asimismo, con las enmiendas, las sociedades que quieran ser consideradas dentro de este modelo social y familiar tendrán que mantener un mayor peso de los socios que cumplen con los requisitos, que pasa de un tercio a más de la mitad no solo en número sino también en porcentaje de capital social, y se rebaja el número de socios de 10 a 6, para reflejar mejor la realidad del campo aragonés. Para Sanz, “estas cuestiones inciden en el carácter social de la ley”.
En cuanto al patrimonio agrario público, hemos introducido elementos de control de su uso para la defensa del modelo social y familiar y, para ello, se habilitará la posibilidad de que los ayuntamientos puedan incorporar su patrimonio agrario a la gestión que esta ley marca para la Comunidad y hemos condicionado con sus enmiendas que los ingresos que vengan de la explotación y puesta en valor de este banco público de tierras reviertan en el mantenimiento, mejora y ampliación del mismo y otras mejoras en infraestructuras agrarias.
Otro de los avances introducidos en esta ley es la actualización de la dimensiones adecuadas a estos tiempos en la consideración de la Unidad Mínima de Cultivo, ya que todavía se utilizaban en Aragón, con carácter subsidiario un decreto estatal de 1958, y que ya viene encomendado en la ley de modernización del año 95 y en las leyes autonómicas que regulan en urbanismo. “Esto es importante para garantizar la viabilidad del modelo”, ha aseverado Sanz.
Proteger este modelo implicaba impedir que las transformaciones de regadíos de interés general o en las concentraciones parcelarias públicas se pudiesen instalar renovables. Hemos trabajado para impedir que ese despliegue desordenado de las renovables acabe también con espacios agrarios de utilizad pública que tiene que tener vocación productiva.
Otra de las cuestiones fundamentales en esta ley era la necesidad de regular el sistema de integración ganadera en Aragón, muy mayoritaria en Aragón, en el sector porcino y en el aviar. Porque ahora hay una desproporción que hay que regular y la ley debe reconocer la responsabilidad ambiental de las empresas integradoras que ahora recae mayoritariamente en los ganaderos”.
En cuanto a la votación del Dictamen de la ley en el próximo pleno de las Cortes, hemos mantenido dos cuestiones que no ha logrado introducir. Por una parte, seguiremos exigiendo reducir el límite máximo de cabezas por explotación ganadera y propone 600 unidades de ganado mayor en lugar de las 720 iniciales con el incremento potestativo del 20% sobre las dimensiones permitidas que dice el proyecto “porque no se corresponde con la sostenibilidad social y ambiental que requieren los tiempos y para lo que tiene que dar respuesta esta ley”.
Por otra parte, volveremos a defender su enmienda para la creación de un Observatorio de precios como ya tienen otras Comunidades como La Rioja que, además de dotar de transparencia a la conformación final de los precios, supondría un mecanismo para ayudar a la comunidad autónoma en el cumplimiento de la ley de la cadena.