Izquierda Unida denuncia, una vez más, la desproporcionada actuación policial ante una protesta ciudadana que, de manera pacífica y sin violencia, se manifiesta en la calle.
“Es, desde el punto de vista democrático, inadmisible la criminalización que pretende hacerse de las protestas ciudadanas”, declara el Coordinador General de IU, Adolfo Barrena. En su opinión, “la campaña puesta en marcha por la derecha, alimentada por determinados medios de comunicación, pretende establecer un cordón de seguridad que impida el ejercicio de un derecho democrático como es el de la manifestación en una calle pública por el mero hecho de que, en esa calle, resida un cargo público”.
“Por mucho que se hable de la inviolabilidad del domicilio, derecho constitucional que Izquierda Unida defiende, los escraches se realizan en la calle que, mientras no se diga lo contrario, sigue siendo espacio público”, añade Barrena.
“Denunciamos el exceso policial que supone identificar indiscriminadamente a la ciudadanía, incoar expediente sancionador y remitir el atestado a la fiscalía. Es lo que ya se hizo contra la Plataforma Stop Desahucios por una protesta en la CAI que fue finalmente retirada y sobreseída y es lo que se ha hecho ayer con el expediente de identificación realizado a 51 personas que, en la calle, de manera pacífica, se manifestaba para reclamar apoyo a la ILP sobre dación en pago que se tramita en el Congreso”, insiste.
“Llamamos, de nuevo, a la resolución definitiva del drama social y humano que son los desahucios, y a la implementación de políticas activas que garanticen el derecho constitucional de la vivienda a toda la ciudadanía y especialmente a las clases más desfavorecidas, reclama Barrena, e insistimos en la denuncia de la perversión democrática que significa que quienes son responsables de la crisis, y de dramas sociales como los desahucios, dediquen más esfuerzos a convertir las víctimas en culpables que a aportar soluciones”.
“Finalmente, concluye, denunciamos el exceso legal que supone que sea la policía, con instrucciones de la Delegación del Gobierno correspondiente, quien limite el derecho de concentración y manifestación estableciendo, de manera arbitraria, “espacios de seguridad”. Creemos, sentencia Barrena, que esa capacidad de limitar un derecho democrático recogido en la Constitución, sólo puede tenerla el poder judicial y no el ejecutivo”.