Hoy inicia su trámite parlamentario el proyecto de ley de Economía Social que ha contado con nuestro voto favorable para otorgar con rango de ley, como se merece este sector.Nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha recordado desde la tribuna nuestro apoyo a la Economía Social desde el convencimiento de que sus valores deben regir el nuevo modelo económico y productivo. Desde IU llevamos años tratando de impulsarlo en las acciones de las instituciones públicas y más que de un sector hablamos de un modelo ‘social y solidario’.
La Economía Social engloba bajo su denominación a una gran diversidad de “sujetos económicos”: cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, asociaciones, fundaciones, etc.; unidas todas ellas por unos principios básicos que implican la primacía de las personas sobre el capital, la organización a partir de estructuras transparentes y democráticas, igualitarias y participativas; la distribución equitativa y responsable de los beneficios; y la preocupación por la sostenibilidad ambiental, la inserción social, el compromiso solidario y el desarrollo local.
Esta norma, que hoy comienza su trámite en el parlamento, afectará a más de 5.000 organizaciones (el 5,6% del total de las empresas aragonesas, según el último informe de la cátedra de Economía Social de la Universidad de Zaragoza) y a cerca de 20.000 personas de manera directa, las cuales generan más de 2.500 Millones de euros (el 6,7% del PIB de la región en 2018).
Nuestro apoyo a la Economía Social lo reflejamos en el acuerdo que alcanzamos con el PSOE para la investidura de Javier Lambán como presidente. De los 51 puntos que contiene el acuerdo, 3 hacen mención al impulso de la economía social: Un plan de empleo en colaboración con las entidades de Economía social; un Plan estratégico del Fomento de la Economía social y garantizar su presencia en el CESA; garantizar una reserva estratégica en la contratación pública.
Asimismo, la medida nº 273 de la EARSE apostaba por “Diseñar e implementar la Estrategia de Impulso de la Economía Social y Solidaria, que promueva, cree y consolide empleo inclusivo, avance en la contratación pública responsable y facilite la adaptación, el apoyo y la visibilizarían de las empresas del sector, generando asimismo apoyos para el medio rural”.
Como podrán entender, ha señalado Sanz en el Pleno, a un año del final de la legislatura y a pesar de las circunstancias que hemos tenido que superar, podemos decir que “queda mucho por cumplir de aquel acuerdo, en muchos aspectos, pero en este concretamente también”.
Por otra parte, desde IU también hemos insistido en un plan o en una estrategia con medidas concretas y medios. Creemos que el inicio puede ser el Plan de Impulso a la Economía Social establecido en el capítulo VI de este proyecto de ley pero, si es así, exigimos al cuatripartito que acelere su puesta en marcha para cumplir con los compromisos. Hay trabajos de participación que ya están avanzados, como las 270 ideas aportadas estos meses y recogidas ya en un documento.
Sanz ha reiterado que los valores y principios de la Economía Social, que ha citado y que quedan recogidos en el artículo 4 del proyecto de ley, son necesarios para la definición de unas nuevas normas económicas, sociales y laborales. En su opinión, nos encontramos con una norma de carácter económico que responde al reconocimiento de un modelo alternativo, que cambia de paradigma con conceptos como la cooperación, igualdad, sostenibilidad ambiental, responsabilidad social, comunidad y la solidaridad frente al único faro que parece guiar las relaciones económicas que es la competitividad.
La ley contempla las definiciones necesarias e incorpora la tipología de las entidades de la economía social, crea el catalogo correspondiente y establece un marco de organización del sector y enumera una serie de políticas públicas para la difusión y el impulso. Sin embargo, pensamos que es una mera lista de buenas intenciones porque no establece los mecanismos concretos para cumplir con el objetivo pretendido,ni tan siquiera cuenta con un mínimo presupuesto asignado.
Según nuestro portavoz, “ésta es la principal carencia” de la norma propuesta que reconoce como una virtud la propia memoria económica previa a este trámite que en su primer párrafo dice que “El impacto en materia de gasto no deriva directamente de la ley, ya que no contiene ningún compromiso directo de gasto”. Sin embargo, sí que estima una incidencia “muy significativa” desde el punto de vista económico, recaudatorio y presupuestario derivado del incremento de empresas y del aumento del empleo. “Ni tan siquiera para dar cumplimiento a las medidas públicas de apoyo y estímulo que establece la norma en el capítulo V”, ha lamentado Sanz para criticar que Aragón redujo en 2020 los importes de las ayudas a este sector un 28% y reivindicar su apoyo económico.
Tampoco compartimos que la ley aragonesa de Economía Social, en su redacción actual, equipare a todas las entidades definidas con los mismos criterios entra una fundación ligada a una gran empresa que para una cooperativa de enseñanza o una iniciativa social de inserción para personas con discapacidad. Y echamos en falta alguna modificación en la ley de cooperativas que flexibilice, facilite y fomente la participación pública de las mismas, especialmente las de trabajo asociado, sector muy poco desarrollado y apoyado en Aragón.
En cuanto al Plan Aragonés de Impulso de la Economía Social, Sanz ha recordado en el hemiciclo que es una demanda histórica de los colectivos y ha aseverado que es imperativa su participación en su elaboración y definición, para que dé respuesta a las principales necesidades y preocupaciones de todas las familias de la Economía Social. Sin embargo, no incorpora mecanismos y pautas para su revisión y actualización.
Una vez se reconoce la importancia de la Economía Social y Solidaria en Aragón, esta ley debe servir para otorgarle el espacio que le corresponde en otros órganos consultivos y de composición representativa como es el Consejo Económico y Social, a través de una disposición que modifique la composición establecida en la ley que regula su funcionamiento.
También echamos en falta la dotación con medios materiales y personales de las unidades que trabajan y han de impulsar la economía social, como tampoco se desarrolla la contratación pública responsable y comprometida con los valores que inspira esta norma.
En definitiva, estamos ante un catálogo de buenas intenciones sin asignaciones presupuestarias específicas y sin medios definidos, más allá de los que ya existen. Por ello, presentaremos enmiendas a la ley de la Economía Social que facilita la cohesión, distribuye con mayor equidad, se centra en el cuidado de las personas que la protagonizan y, sobre todo, funciona y hace funcionar desde bases democráticas, algo de lo que carece la economía actual y que es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de sociedades justas, libres y sanas.