Apoyamos el encierro que hoy han iniciado delegadas y delegados de los sindicatos CCOO y UGT contra el despido de 14 trabajadores del servicio de tutela de adultos y la amortización de 27 plazas de dicho servicio.
El pasado mes de febrero, comenzamos un trabajo de seguimiento y control en las Cortes de Aragón a la labor del Gobierno de Aragón y, en concreto, del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, en relación con la creación de una fundación pública para asumir las funciones de la actual Comisión de tutelas de personas adultas de la que es responsible la Administración.
Nuestro Coordinador General y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ya advirtió a la consejera del ramo, María Victoria Broto, que la Administración debe contar con el control de esta actuación y le preguntó bajo qué convenio van a estar reguladas las condiciones de trabajo del personal contratado, porque, considera Sanz, “si no es una externalización como dijo en una respuesta parlamentaria, deberían estar sujetos al convenio de la Administración y no ajustarse a otros convenios que suponen pérdidas en condiciones laborales”.
La Comisión de Tutelas presentaba cada año la necesidad de contar con más personal para atender las necesidades por el aumento de personas tuteladas. Y, además, creemos necesario contar con la experiencia de las personas que ya estaban realizando esta labor.
“Hoy nos encontramos con despidos pero si el Gobierno de Aragón dice que esta fundación estaba llamada a ser una solución, no puede generar, de primeras, pérdida de puestos de trabajo”, denuncia Sanz.
La nueva Fundación, a pesar de que su memoria económica contaba con la contratación inicial de 30 plazas que no incluía la gerencia de la Fundación, ha planteado un proceso selectivo de 23 plazas, más la plaza de Gerencia, pero se amortizan 27 plazas, por lo que de entrada se reduce personal.
De hecho, en los presupuestos para 2023, presentamos una enmienda de 500.000 euros para aumentar la financiación de dicha Fundación y dotar adecuadamente el capítulo 1 con más personal, enmienda que no se aprobó.
Aunque se niega que se vaya a recortar el servicio y se afirma que se va a mejorar la atención lo cierto es que el personal en proceso de selección es menor del planteado en la memoria de creación y no se ha contemplado un proceso que permita garantizar la continuidad de la atención.
El Departamento de Derechos Sociales continúa en su línea de creación de un doble sistema de servicios sociales donde lo público y la gestión directa va perdiendo capacidad en garantizar los derechos de las personas y no da soluciones a los problemas detectados.
Por todo ello, respaldamos la movilización del personal de la Comisión de Tutelas que denuncia una gestión que, en vez de mejorar, reduce las condiciones con las que cubrir las necesidades de las personas.