Hoy en el Pleno de las Cortes de Aragón ha comenzado el trámite parlamentario para elaborar la ley que regulará el impuesto a las renovables. En concreto, hemos votado la totalidad del proyecto de ley por el que se crean los impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos y se modifica el impuesto sobre instalaciones de transporte energía de alta tensión.
Cabe recordar que en octubre de 2022, cuando nadie hablaba de esto, planteamos, en el marco de reforma general que ayudase a garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, la creación de un nuevo impuesto medioambiental sobre el impacto paisajístico, ambiental y social para instalaciones de producción de potencia superior a 10 MW, del que estarían exentos el autoconsumo, las cooperativas energéticas y las comunidades energéticas locales. El carácter de esta figura sería de naturaleza finalista con el objeto de financiar un fondo de restitución y compensación territorial.
Por ello, hoy hemos dado nuestro voto favorable y porque creemos que hay posibilidad de mejorar este texto con nuestras enmiendas,aunque nuestro voto definitivo a la ley, dependerá del resultado final del trabajo legislativo que hoy comienza.
Nuestro Coordinador y portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, ha advertido que hay cuestiones en este proyecto de ley que IU no comparte. Cuestiones que van en contra de gravar el daño medioambiental, de la progresividad, de la capacidad económica… como es, por ejemplo, el exonerar discrecionalmente a determinados macroparques, las deducciones por inversión según lo que determine el promotor o afirmar que los aerogeneradores antiguos y de menor tamaño tienen menos impacto que las enormes estructuras que se instalan en la actualidad, sin el soporte de ningún estudio que lo avale y generando una nueva distorsión.
Igualmente, Sanz ha denunciado que hay una distorsión por la capacidad económica, ya que ambas tecnologías, fotovoltaica y eólica, venden al mismo precio, pero la solar tributa un 60% más que la eólica, que aun reconociendo su impacto tenemos que reconocer que es mucho menor.
En cuanto al carácter finalista del impuesto regulado en la disposición adicional segunda del proyecto de ley, se establece en “hasta” un 15 % para luchar contra la despoblación conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 1/2023, lo que nos resulta contradictorio, cuando el Decreto fija “un mínimo” del 50% de la recaudación, y porque ya manifestamos nuestra disconformidad con la forma en que se quedó el “Fondo de Solidaridad Energética”.
“Hay cuestiones en este proyecto de ley que aún no acabamos de entender y que, por lo tanto, vamos a enmendar”, ha apuntado Sanz. En IU creemos deberíamos de repartir la carga del impuesto en base a la capacidad contributiva y al daño ambiental, es decir, pensamos que hace falta progresividad y modulación en función del grado de la calidad de los paisajes, de su cercanía a ZEPAs, a zonas protegidas y a los resultados de esos planes de vigilancia.
Hoy hemos votado “sí” al inicio del trámite legislativo y esperamos que en estas Cortes se busque el consenso de cara a corregir éstas y otras cuestiones y, de ese debate, va a depender nuestro voto definitivo.