Garantizar una participación más estable y con criterios de solidaridad y cohesión social de los ayuntamientos en los ingresos de la Comunidad Autónoma es el objetivo principal que perseguimos con las 14 enmiendas que hemos presentado al Proyecto de Ley reguladora del Fondo de Financiación Municipal.
Compartimos la necesidad de establecer por medio de esta ley autonómica lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Aragón para financiar a las corporaciones locales en función de las necesidades de gasto que éstas asumen y de su capacidad fiscal.
Nuestro portavoz parlamentario y Coordinado general, Álvaro Sanz, recuerda que la autonomía municipal se consigue, en gran parte, si se dispone de suficiencia financiera y esto implica participar “de forma justa” en los ingresos de las administraciones públicas, como en este caso de la Comunidad Autónoma. En este sentido, proponemos que el incremento del importe inicial esté sujeto a los recursos ordinarios de la Comunidad y no a la situación del endeudamiento de la misma, ya que los ayuntamientos y, por lo tanto, las competencias y servicios municipales, “no pueden verse minoradas por decisiones de los Gobiernos autonómicos de turno que nada tienen que ver con lo local”, explica Sanz.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 114 Estatuto de Autonomía de Aragón y al acuerdo de investidura que firmamos con el presidente Lambán, se ha introducido el concepto de capacidad tributaria, como criterio de reparto del fondo para dotarlo de una mayor solidaridad, teniendo en cuenta la capacidad de generar recursos propios. “Un aspecto que complementa el criterio de ‘esfuerzo fiscal’, cuyo objetivo es el de buscar la corresponsabilidad fiscal de los entes locales y que con nuestras enmiendas proponemos reforzar”, apunta el diputado.
En cuanto a los criterios de distribución del incremento del fondo, planteamos sustituir la densidad de población por el Índice Sintético de Desarrollo Territorial (ISDT) recogido en la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA) de cada municipio, de forma que se produzca un resultado “más ajustado” al criterio corrector por la despoblación y el desarrollo de cada municipio, buscando así una “mayor y más justa cohesión territorial”.
En cuanto a los trabajos de la ponencia, Sanz anuncia que trabajará con “la mejor voluntad” de lograr un acuerdo que dé “estabilidad” y garantice unos recursos mínimos para el desempeño de las competencias municipales, “huyendo de la arbitrariedad” en el reparto de los fondos y basado en criterios objetivos, con “solidaridad y cohesión territorial”.