Zaragoza, 20 de diciembre de 2022.- Desde Izquierda Unida criticamos la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de impedir la votación en el Senado de la reforma sobre su propia renovación. Nuestro coordinador general de IU Aragón y diputado en el parlamento aragonés, Álvaro Sanz, ha señalado que es “gravísimo que la mayoría conservadora, con el mandato del TC vencido, impida a las Cortes Generales legislar” y ha recordado, además, que el artículo 66.3 de la Constitución declara a las Cortes Generales como “inviolables”.
“Impedir, da igual cómo, que las Cortes Generales legislen es un golpe clarísimo a la democracia y la soberanía popular. Ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ni en la Constitución se prevé que un recurso de amparo pueda impedir la actividad del poder legislativo que está, a su vez, representando el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes elegidos”, ha afirmado Sanz.
El Consejo del Poder Judicial debía haber sido renovado hace cuatro años y dos de los miembros del TC, su presidente Pedro González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez Rodríguez, hace seis meses que tienen su mandato caducado. Pero, según IU, la renovación no está siendo posible porque eso “le permite a la derecha seguir controlando ambas instituciones”. Consideramos que la decisión del TC vulnera todas las garantías que el Estado de derecho reconoce a cualquiera de las partes en procedimientos de este tipo, generando una total indefensión al no dar trámite de audiencia ni al Congreso ni al Senado. La decisión de la ajustada mayoría del TC de rechazar las recusaciones de González-Trevijano y Narváez supone una pérdida de credibilidad del Tribunal, que por esta vía acepta las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley que cambiará el sistema de elección de los magistrados del órgano de garantías.
Nuestro coordinador general de IU Aragón ha recalcado que se trata de un “atrincheramiento en los órganos judiciales por parte de un partido, el PP, que no acepta el resultado democrático de las urnas”.
Por todo ello, desde Izquierda Unida hacemos un llamamiento a la movilización social en defensa de la Democracia y exigiendo a la derecha el cumplimiento de la Constitución y el respeto al Estado social y democrático de derecho.