Esta mañana hemos solicitado información sobre la internalización del Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección (PCOP). Un recurso ofrecido por el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) que se encuentra externalizado hasta mañana, 30 de septiembre, y cuya función es garantizar la protección social de las mujeres víctimas de violencia machista y de sus hijas e hijos. A partir de este jueves será gestionado de forma directa por el Gobierno de Aragón, pero aunque apoyamos que este servicio se preste desde lo público, tenemos dudas sobre el empleo y la garantía de la calidad de este recurso. En concreto, sobre las plazas que deben estar cubiertas para garantizar la calidad, eficiencia y eficacia del PCOP y los procedimientos para optar a las mismas.

El  PCOP es un canal único de notificación de las Órdenes de Protección y demás medidas cautelares o definitivas de protección penal a los centros, unidades, organismos e instituciones competentes en materia de protección social, para la adopción de medidas de asistencia social, jurídica, psicológica o de cualquier otra índole. Desde su puesta en marcha se ha prestado mediante gestión indirecta. El 2 de abril de 2007 se inicia la actual forma de trabajo del PCOP y para ello se creó un equipo formado por dos trabajadoras sociales, una administrativa, una psicóloga y una jurista en Zaragoza; una trabajadora social en Huesca y una trabajadora social en Teruel. Desde el 1 de diciembre de 2015 el personal es subrogado, siendo adjudicado a diversas entidades hasta el momento.

El 29 de mayo de 2020 la Secretaria General Técnica del IAM realiza una instrucción para la correcta ejecución del servicio contratado con objeto “Prestación de un servicio de atención integral a mujeres víctimas de violencia”. Dicha instrucción hace referencia al artículo 15 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público por la que se le retiran o dificultan funciones para corregir actuaciones que contradicen dicho articulado pero sí que estaban en el pliego de condiciones técnicas que se licito en 2017 entre las que se incluyen: Búsqueda, examen y revisión de las medidas de protección dictadas en la Comunidad Autónoma de Aragón, incluidas en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica; búsqueda y apoyo en VIOGEN para cumplimiento del objeto del contrato; revisión de los partes de incidencias del teléfono 900 504405. Y, además, que dicho servicio externalizado lleva realizando y, para ello, teniendo acceso a las aplicaciones informáticas y correos corporativos desde 2007 o desde la creación de estas si fueron posteriores.

Mañana, 30 de septiembre, termina el contrato y se ha procedido a su internalización, por lo que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del IAM a través de la ORDEN HAP/795/2020, de 10 de agosto en la que aparece un puesto de administrador/a superior; tres plazas de trabajador/a social, una para Huesca, otra para Teruel y otra para Zaragoza; una plaza de administrativo/a. Dichos puestos se dotan en el programa 323.2 “Promoción de la mujer” financiándose con cargo a los créditos disponibles en el capítulo II del mismo programa económico y con efectos del día 1 de octubre de 2020.

Sobre esto, advertimos que “desaparece del personal con el que se ha contado hasta ahora para este equipo de atención con la psicóloga, la letrada y una trabajadora social para Zaragoza”. Además, nuestro portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, advierte que para que dichos puestos se hagan efectivos el 1 de octubre y el contrato termine el 30 de septiembre “obliga a que la incorporación sea inmediata para que no se pierda el servicio, lo que todavía es más urgente en Huesca donde la trabajadora social de la contrata es la única trabajadora social del servicio”.

Por último, sobre la cobertura de estas plazas en régimen de interinidad, Sanz señala que, al parecer, el Gobierno de Aragón “no ha contemplado la posibilidad de contar con la experiencia y formación de las profesionales de la contrata que lo estaban realizando, como si se ha podido hacer en otras ocasiones y para otros servicios”.

Esta situación ha motivado que el diputado haya registrado una pregunta en las Cortes para la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, al objeto de conocer con cuántas personas subcontratadas contara el IAM a partir del 1 de octubre, para que programas y por cuántas horas a la semana y si dicho personal subcontratado y su pliego de condiciones cumple el artículo 15 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público.

En el caso concreto del PCOP, Sanz ha pedido a Pérez que detalle el número de personas que formarán parte del mismo y que explique cómo se va a garantizar la formación para llevar a cabo sus funciones, qué procedimiento se está llevando a cabo para dar cobertura a los nuevos puestos creados, qué criterios se han seguido para seguir ese procedimiento de cobertura y no otro y cuáles son los motivos que han llevado a reducir una trabajadora social en Zaragoza y una psicóloga en la nueva modalidad de gestión.