Sanz critica que sigue sin actualizarse el decreto de residencias por falta de recursos mientras para la nieve y la Romareda no hay limitaciones presupuestarias
El diputado de Izquierda Unida Aragón, Álvaro Sanz, ha abordado la necesidad de actualizar el decreto 111/92, que regula las condiciones de atención en centros residenciales. En primer lugar ha señalado la falta de acción por parte del gobierno ante un asunto fundamental para mejorar la calidad de los cuidados y las condiciones laborales.
“No es una cuestión de falta de profesionales, van a contratar en origen precisamente para seguir manteniendo una precariedad que garantice los precios. Es una cuestión de precariedad y de falta de salarios dignos. Este decreto es fundamental. Ni vale la ley de acción concertada porque no abarca el universo de personas que están institucionalizadas en Aragón, teniendo en cuenta que la privada ocupa el doble de plazas juntas que la concertada y la pública, ni vale hablar de formación.” Ha señalado Sanz en su primera intervención.
Izquierda Unida ha exigido también que la actualización tenga fecha, sin respuesta concreta por parte del presidente, a pesar de que Sanz la ha solicitado con carácter de urgencia porque es un problema que se ha discutido durante varias legislaturas sin avances. Los cuidados son un derecho, no un negocio y un sector con una elevada precariedad laboral, con muchas personas trabajadoras con salarios por debajo del mínimo y falta de jornadas completas. “Tiene que comprometerse en esta Cámara a poner una fecha, señor Azcón, para la modificación de este decreto, ligada a compromisos financieros, porque estamos hablando de la calidad de los cuidados, hemos pasado por una pandemia y las personas que están trabajando en la residencia siguen con una normativa anterior a la ley de dependencias.” Concluye Sanz.
Azcón ha querido responsabilizar al Gobierno central de la falta de presupuesto, a lo que Izquierda Unida manifiesta “que el plan de choque estatal dio 40 millones en 2024 para reforzar el servicio de atención a la dependencia, el doble que el año anterior, y es responsabilidad del Gobierno de Aragón gestionar y legislar para asegurar condiciones dignas en los servicios residenciales.”
Sobre el problema del acceso a la vivienda Sanz ha preguntado al Consejero del ramo las medidas concretas que pondrán en marcha desde el gobierno a largo, medio y corto plazo para garantizar el derecho a la vivienda. El portavoz de Izquierda Unida ha destacado la dificultad de las familias de Aragón para pagar alquileres o precios de compra en un escenario en el que mientras la vivienda ha incrementado un 57% el coste, solo han subido un 17% los salarios. Un problema que para la formación se agrava por la falta de vivienda pública y el enfoque del mercado inmobiliario como un bien de mercado en lugar de un derecho, como se establece en la Constitución española. “Hay dos maneras de entender la vivienda, como un derecho, reconocido en el artículo 47 de nuestra Constitución, o como un bien de mercado, que considera la vivienda como un bien privativo y, por lo tanto, no entra en la garantía del derecho a techo en el enfoque de las políticas que lo desarrollan”, afirma Álvaro Sanz.
Sanz también critica las políticas que llevaron a la crisis del 2008 y rechaza la liberalización del suelo sin planificar y ha defendido que Izquierda Unida no apoyará propuestas que beneficien a inversores especulativos. “160.000 millones de euros en subvenciones no se tradujeron en la construcción de vivienda pública, Izquierda Unida propone aumentar el parque público de alquiler, y regular el mercado para garantizar el derecho a la vivienda. Y medidas como gravar viviendas vacías, y regular el precio de los alquileres. Izquierda Unida no va a estar en ninguna operación para destinar suelos dotacionales para viviendas, menos si detrás hay intereses especulativos de grandes inversores con apoyo público.”