Izquierda Unida Aragón ha criticado duramente la decisión del Gobierno de Aragón, donde Vox ostenta las competencias de Infancia, de no asistir a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada este jueves por el Ministerio de Juventud e Infancia para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta.
Para su Coordinadora General y portavoz en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, esta nueva ausencia demuestra que Vox tiene una auténtica “alergia al trabajo institucional” y reincide en una actitud irresponsable que ya quedó patente cuando tampoco acudió a la última Conferencia Sectorial, en la que se trataron asuntos tan importantes como los proyectos de atención a niños y niñas víctimas de violencias sexuales.
“Lo que hace Vox es abandonar sus responsabilidades. No es la primera vez que lo hacen y, lamentablemente, parece que tampoco será la última”, ha señalado la diputada.
Abengochea considera especialmente “grave” que el Ejecutivo aragonés renuncie a participar en un espacio de coordinación entre Administraciones para abordar una cuestión de Estado como es la atención a la infancia migrante. “Están dejando a Aragón fuera de una conversación de país. Están dejando a Aragón sin voz en un debate que afecta al conjunto de las comunidades autónomas”, ha advertido.
Y recuerda que la ausencia del Gobierno aragonés no impedirá que tenga que cumplir las decisiones y obligaciones legales que se deriven de los acuerdos adoptados. “Aunque no estén presentes, tendrán que cumplir la ley. Lo único que consiguen es renunciar a defender los intereses de Aragón en los espacios donde se toman las decisiones”, ha añadido.
Asimismo, Izquierda Unida de Aragón ha denunciado que detrás de esta decisión existe una estrategia política basada en la estigmatización de las personas migrantes y, particularmente, de la infancia. “No sorprende, pero sigue siendo vergonzoso que Vox rechace la asignación de 25 millones de euros para atender una situación de emergencia humanitaria como la que vive Ceuta”, ha manifestado su Coordinadora general para subrayar que lo ocurrido en la ciudad autónoma constituye una vulneración de la integridad territorial de España mediante la utilización de personas desesperadas como instrumento de presión política, por lo que considera imprescindible distinguir claramente entre víctimas y responsables.