Aunque sea legal resulta escasamente democrático que una reforma tan grave e importante de la Constitución sea aprobada porque los dos partidos mayoritarios así lo han decidido cuando apenas quedan dos meses de la actual legislatura. PSOE y PP pactan una hipoteca para las generaciones presentes y futuras y lo quieren hacer sin permitir que, al menos, la ciudadanía pueda opinar mediante un referéndum.
Es un auténtico golpe contra las políticas sociales del país, cuando, además, nadie salvo Izquierda Unida ha hablado de políticas municipales. Si el déficit fijado para los municipios es cero, se impide cualquier iniciativa pública de cara a la crisis, al empleo y a las inversiones, ya que los ayuntamientos quedan condenados a devolver la totalidad de sus préstamos a la banca, a usureros y especuladores.