Zaragoza, 6 de noviembre de 2026.- Izquierda Unida de Aragón exige al Gobierno de Aragón que dé explicaciones y esclarezca las graves irregularidades denunciadas en la gestión del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), después el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) alertara el pasado 28 de octubre de una gestión “desastrosa y clientelar” y tras conocerse una nueva sentencia judicial que condena al organismo a indemnizar por daño moral a una trabajadora despedida como represalia.
La portavoz de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, ha registrado una pregunta dirigida a la consejera de Economía, Competitividad y Empleo para que explique en el Pleno de las Cortes qué medidas va a adoptar el Ejecutivo autonómico si se confirman los hechos denunciados.
Las acusaciones expuestas por los representantes sindicales afectan a cuestiones de especial gravedad relacionadas con la gestión del personal y la contratación pública. Entre ellas figuran la posible vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad en los procesos de selección, dudas sobre el nombramiento exprés de un puesto de Alta Dirección, despidos declarados improcedentes por los tribunales, represalias contra trabajadores, presuntos casos de acoso laboral y el bloqueo de procesos de promoción interna.
Asimismo, Izquierda Unida muestra su preocupación por la política de externalización llevada a cabo por el organismo. Según las denuncias conocidas, el IAF estaría destinando más recursos económicos a la contratación de servicios externos que a su propio personal, llegando incluso a desmantelar funciones desempeñadas por empleados públicos para transferirlas a empresas privadas.
A ello se suman interrogantes sobre la contratación de gabinetes jurídicos externos pese a que el IAF forma parte del perímetro de entidades que pueden ser asistidas por los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón. También se han denunciado posibles irregularidades en la adjudicación de contratos, entre ellas la contratación de una empresa vinculada familiarmente al gerente del organismo sin que conste formalmente su abstención en el expediente.
“Estamos ante unas acusaciones extremadamente graves que afectan a la gestión de recursos públicos y al funcionamiento de un organismo estratégico para el desarrollo económico de Aragón. El Gobierno no puede mirar hacia otro lado ni limitarse al silencio”, ha señalado Marta Abengochea.
La diputada de Izquierda Unida considera que “si se confirman estas denuncias, estaríamos hablando de actuaciones incompatibles con los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y buena administración que deben regir cualquier entidad pública”. Abengochea ha reclamado además que el Ejecutivo autonómico esclarezca todos los hechos denunciados y depure responsabilidades si procede. “La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestionan los fondos públicos y qué está ocurriendo en un organismo que ha visto incrementado de forma notable su presupuesto en los últimos años”, ha afirmado.
Desde Izquierda Unida insisten en que las denuncias conocidas afectan tanto a la gestión de personal como a la contratación pública y consideran imprescindible que el Gobierno de Aragón ofrezca respuestas en sede parlamentaria y adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legalidad y la protección del interés general.