Cada vez que se acercan elecciones vuelve el debate del llamado «voto útil». Y, con él, la pretensión de que determinadas opciones políticas renuncien a presentarse para no perjudicar a otras. Todo en nombre de la responsabilidad y la generosidad.
Esta vez, además, el debate llega alimentado por unas encuestas empeñadas en anunciar la victoria de las derechas ultras y las más ultras. Y así hemos pasado de hablar de cómo frenar a la ultraderecha a exigir que determinadas fuerzas políticas desaparezcan de las papeletas.
Que no se presenten para «no tirar votos a la basura», «no regalar escaños a la ultraderecha» o «no restar escaños al PSOE». Pero conviene preguntarse: ¿desde cuándo defender la democracia exige limitar las opciones democráticas?
Quien defienda esa estrategia tiene todo el derecho a hacerlo. El mismo que tenemos quienes no la compartimos. Sin embargo, aquí empieza la primera disfunción democrática: quien reclama renuncias recibe aplausos; quien defiende su derecho a concurrir es acusado de irresponsable.
Entre apelaciones a la generosidad y reproches morales, se banaliza un debate que afecta a derechos fundamentales. Se está exigiendo que partidos y coaliciones renuncien a ejercer su derecho constitucional a presentarse a unas elecciones. Pensaba que eran las derechas quienes acostumbraban a pedir sacrificios a los demás y recortar derechos.
Pero hay algo más grave. Cuando se exige que una formación no concurra a las elecciones, no solo se pide una renuncia a sus militantes y simpatizantes. Se priva de una opción de voto a parte de la ciudadanía. ¿Quién decide qué voto es útil y cuál no? ¿Los partidos? ¿Las encuestas? ¿Los cálculos electorales? No. Ese derecho corresponde exclusivamente a cada votante.
Pretender decidir por la ciudadanía qué opciones deben estar disponibles es tratarla como menor de edad. Una forma muy particular de entender la democracia: defender el derecho al voto, pero decidir previamente entre quiénes se puede votar.
Aceptar el argumento del voto útil supone dar por bueno el sistema D'Hondt, utilizado desde 1977, que favorece a las grandes formaciones y penaliza a las minoritarias. Puede facilitar la gobernabilidad, pero a costa de una representación menos plural.
Resulta paradójico que quienes piden la retirada de candidaturas no exijan lo mismo a quienes llevan décadas bloqueando una reforma electoral. Si preocupa que haya votos que no se traduzcan en representación, la solución no puede ser que la ciudadanía renuncie a sus preferencias políticas. La solución es cambiar las reglas.
¿Hasta dónde llevaremos esta lógica? ¿Se pedirá que determinadas candidaturas no concurran a las municipales? ¿Quién decidirá cuáles? La pluralidad política no es un obstáculo para la democracia, sino una de sus principales riquezas. Convertir el bipartidismo en una supuesta virtud democrática empobrece a la sociedad.
En Aragón, este debate ha adquirido una dimensión preocupante tras la decisión unilateral de Chunta Aragonesista de que la coalición con el Frente Amplio no presente candidatura en Teruel.
Mal, muy mal, empieza a gestionarse una coalición si una de sus organizaciones, por mucho peso electoral que tenga y aunque el acuerdo firmado en Madrid le otorgue esa capacidad, considera legítimo tomar decisiones de semejante trascendencia y que las fuerzas coaligadas se enteren por la prensa.
Construir una coalición significa unir fuerzas, respetar a quienes la integran y reconocer que todas aportan militancia, trabajo, compromiso y respaldo ciudadano. No establecer quién decide y quién debe limitarse a aceptar las decisiones.
Por mi parte, como hice en 2023, votaré con responsabilidad la candidatura en la que participa Izquierda Unida, mi organización. Lo haré, aunque tenga la sensación de que mi voto de 2023 fue más útil para CHA que para mí.
Adolfo Barrena
Columna de opinión publicada en Heraldo de Aragón el 28 de octubre de 2026