Zaragoza, 7 de octubre de 2026.- Izquierda Unida ha defendido hoy en la Ponencia de Asuntos Europeos de las Cortes de Aragón que la futura Ley Europea de Vivienda Asequible supone una enmienda directa a las políticas de vivienda impulsadas por el Gobierno de Jorge Azcón, al reconocer la necesidad de intervenir en el mercado residencial para frenar la especulación y proteger el acceso a la vivienda.
La portavoz parlamentaria de IU, Marta Abengochea, ha criticado el dictamen impulsado por el Partido Popular contra la propuesta europea y ha asegurado que su objetivo real no es defender el principio de subsidiariedad, sino impedir la construcción de un marco regulatorio europeo que permita actuar frente a la crisis de la vivienda. “La verdadera intención de esta posición es impedir la construcción de un marco regulatorio europeo que permita proteger el derecho a la vivienda y controlar los efectos de un mercado descontrolado que afecta a múltiples territorios de la Unión Europea”, ha afirmado.
Para IU, el aspecto más relevante del debate es que la propia Unión Europea reconoce la necesidad de establecer mecanismos para identificar mercados residenciales tensionados y habilitar medidas que permitan aumentar la oferta de vivienda asequible. Un planteamiento que, según Abengochea, choca frontalmente con la política que está desarrollando el Ejecutivo aragonés.
“La UE, gobernada por el PP Europeo, enmienda la política de vivienda del señor Azcón, favoreciendo a los fondos de inversión y no garantizando el derecho a la vivienda, con esta propuesta y reconoce que las propuestas del Gobierno progresista van por buen camino”, ha denunciado la diputada.
Izquierda Unida reconoce que existen realidades muy distintas entre grandes ciudades, municipios turísticos o zonas rurales, pero considera que ello no impide establecer criterios comunes para diagnosticar la tensión del mercado y combatir los procesos especulativos que están dificultando el acceso a la vivienda en buena parte de Europa. Además, rechaza la tesis del PP de que estas medidas supongan una invasión de competencias, ya que el Reglamento se limita a habilitar herramientas para actuar, dejando en manos de las administraciones su aplicación concreta.
Asimismo, la formación política y social sostiene que el texto europeo presenta todavía importantes limitaciones y debe mejorar durante la negociación en las instituciones comunitarias. Sin embargo, considera significativo que la Comisión y el Parlamento Europeo avancen en la dirección opuesta a la defendida por el Gobierno de Aragón y por el Partido Popular, reconociendo la necesidad de intervenir en un mercado cada vez más condicionado por los fondos de inversión y la financiarización de la vivienda.
Abengochea ha enmarcado este debate en un contexto de creciente movilización social por el derecho a la vivienda. La portavoz de IU ha hecho referencia a la convocatoria de huelga general por la vivienda prevista para el próximo 11 de noviembre y ha mostrado el respaldo de su organización a esta movilización, al considerar que refleja el malestar de miles de personas ante el encarecimiento de los alquileres, las dificultades de acceso a una vivienda digna y las políticas que continúan favoreciendo la especulación frente al interés general. “Cada vez más personas están diciendo que la vivienda no puede seguir tratándose como un negocio para unos pocos mientras se convierte en un problema para la mayoría”, ha señalado.
Por último, Abengochea ha advertido de que las cuestiones técnicas y jurídicas pendientes deberán resolverse durante la tramitación europea de la norma, pero ha rechazado que esas dudas sirvan como excusa para bloquear cualquier iniciativa destinada a garantizar el derecho a la vivienda. “Lo que molesta al PP es que incluso Europa está cuestionando su modelo de vivienda y dando la razón a quienes defendemos una mayor regulación para proteger a las familias frente a la especulación”, ha concluido. En este sentido, ha asegurado que la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre evidencia que la demanda de soluciones ya no es solo una posición política, sino una exigencia social cada vez más amplia.