La formación registra en las Cortes de Aragón una proposición de ley para reforzar la posición de agricultores y ganaderos frente a los abusos de la cadena alimentaria y proteger el modelo de agricultura y ganadería social y familiar.
Izquierda Unida Aragón ha presentado hoy una proposición de ley en las Cortes de Aragón para modificar la Ley de la Cadena Alimentaria y la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias con el objetivo de garantizar precios justos para agricultores y ganaderos, combatir las prácticas abusivas de la gran distribución y reforzar la viabilidad de las explotaciones agrarias sociales y familiares, un modelo que la formación considera imprescindible para el futuro de Aragón.
La iniciativa, que deberá ser aprobada por las Cortes de Aragón para iniciar su tramitación en el Congreso de los Diputados, pretende responder a una situación que desde Izquierda Unida han calificado de insostenible: “Mientras los consumidores pagan cada vez más por los alimentos que compran, los agricultores cobran a precios de hace 20 años, con diferenciales en la cadena agroalimentaria que superan de media el 450%”, ha denunciado la coordinadora general de Izquierda Unida Aragón y portavoz parlamentaria, Marta Abengochea.
Desde la formación, sostienen que esta proposición de ley no solo busca proteger la agricultura y la ganadería social y familiar, sino que es una cuestión estratégica para combatir la despoblación, garantizar la soberanía alimentaria y afrontar con justicia la crisis ecosocial.
Abengochea ha advertido de que “este sistema global que empuja a la concentración de recursos, trabajo y población en los grandes núcleos urbanos está provocando tasas de desigualdad alarmantes”. Y ha expuesto las consecuencias directas sobre el territorio: «La despoblación y el abandono del campo no son fenómenos aislados. También explican que hoy suframos incendios cada vez más graves por el abandono de superficies agrícolas y de pastoreo”.
La coordinadora de Izquierda Unida Aragón ha defendido que proteger y garantizar un sector primario con agricultura y ganadería profesional, social y familiar es imprescindible: “Es un sector estratégico para nuestro país y para Aragón y, sin embargo, está en manos del oligopolio agroganadero, que aboca a las explotaciones ligadas al territorio a la desaparición, incumpliendo la ley de la cadena alimentaria y controlando todos y cada uno de sus eslabones”.
Por su parte, el responsable de modelo productivo de Izquierda Unida Aragón y co-coordinador de la Red de Mundo Rural de Izquierda Unida a nivel federal, Jesús García, ha explicado que la proposición de ley busca fortalecer la posición negociadora de agricultores y ganaderas y asegurar que los precios cubran los costes reales de producción: «La modificación garantiza que el precio que perciba cualquier agricultor o ganadero sea siempre superior a sus costes efectivos de producción, definiendo de forma precisa qué costes deben computarse e incorporando referencias objetivas como las modulaciones del Observatorio de la Cadena Alimentaria y de los observatorios autonómicos de precios para facilitar su comprobación».
Durante este verano, UAGA COAG ha hablado de prácticas comerciales deshonestas por parte del sector de la distribución en lo que respecta a la comercialización de la cereza y del melocotón amarillo. Como ha explicado García, el diferencial de precios entre origen y destino ha sido de un 270% en la cereza y del 515% en el melocotón, según el IPOD del mes de junio que elabora COAG. “Hay que dejar de mirar ya hacia otro lado y actuar para corregir las lagunas de la ‘Ley de la cadena’ y sancionar estas prácticas comerciales desleales que ponen en riesgo la continuidad del modelo social y familiar que vertebra el territorio”, ha sostenido el co-coordinador de la Red Rural de Izquierda Unida.
La proposición de ley plantea que, para calcular los costes efectivos de producción, se incluirán, entre otros, semillas y plantas, fertilizantes y fitosanitarios, combustible y energía, maquinaria y reparaciones, costes de riego, alimentación animal y gastos veterinarios, amortizaciones, intereses de préstamos, trabajos contratados y mano de obra propia y familiar.
Además, se propone la incorporación de referencias objetivas como el Observatorio de la Cadena Alimentaria y los observatorios de precios de las comunidades autónomas. García ha recordado que, desde Izquierda Unida Aragón, ya se presentó una Proposición No de Ley en 2023 para fortalecer los mecanismos de inspección y poner en marcha el observatorio de presión de Aragón.
La iniciativa también refuerza la protección jurídica de los productores, puesto que declara nulas las cláusulas contractuales que incumplan la obligación de pagar por encima de los costes de producción. Además, endurece el régimen sancionador para que incumplir la ley no resulte rentable e incorpora la posibilidad de que los productores reclamen judicialmente daños y perjuicios cuando sufran pérdidas derivadas de estos incumplimientos.
Asimismo, el co-coordinador de la Red Rural de Izquierda Unida ha destacado que la propuesta también modifica la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias para impedir que agricultores y ganaderos que continúan trabajando pierdan automáticamente la condición de explotación prioritaria por alcanzar la edad ordinaria de jubilación.
Desde Izquierda Unida Aragón consideran que la iniciativa supone un paso decisivo para fortalecer la posición negociadora del sector primario y aseguran que la tramitación parlamentaria permitirá comprobar quién está realmente dispuesto a defender a quienes producen nuestros alimentos: «Defender la soberanía alimentaria no consiste en llevar pulseras o banderas ni en desregular el mercado para favorecer a los más fuertes. Consiste en legislar a favor de la agroganadería social y familiar, en favor de nuestros pueblos y de nuestra tierra”, ha concluido Abengochea.