La formación exige al Gobierno de Aragón que garantice el cumplimiento del contrato de transporte y depure responsabilidades tras un incidente en el que cuatro personas mayores quedaron abandonadas sin transporte público.
Izquierda Unida Aragón ha denunciado la grave situación vivida por cuatro vecinos y vecinas de Pozuel de Ariza, de entre 75 y 81 años, que quedaron abandonados en Ariza el pasado 29 de julio después de que el servicio de transporte público a demanda contratado por el Gobierno de Aragón no realizara el trayecto de regreso previsto.
La formación considera que lo sucedido evidencia las deficiencias con las que se está prestando el transporte público en el medio rural y reclama al Ejecutivo autonómico que garantice de forma inmediata el cumplimiento de las obligaciones del contrato adjudicado a la empresa concesionaria.
Cuatro personas habían reservado previamente el servicio para desplazarse desde Pozuel de Ariza hasta Ariza el 29 de julio con regreso programado a las 14.00 horas. Sin embargo, el autobús nunca acudió a recogerlas. Tras contactar con la empresa concesionaria, esta les comunicó que no existía servicio de vuelta y les ofreció regresar en un taxi que llegaría desde Calatayud hora y media después y cuyo coste, 70 euros, debían pagar las propias personas usuarias.
Ante la imposibilidad de esperar a pleno sol, con temperaturas cercanas a los 38 grados, y de asumir ese coste, fue la propia alcaldesa de Pozuel de Ariza quien tuvo que desplazarse con su propio coche para recoger a sus vecinos y trasladarlos de vuelta a sus domicilios.
La coordinadora general de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, ha calificado lo ocurrido de «absolutamente inaceptable» y ha advertido de que «se trata de una situación que puso en riesgo a cuatro personas mayores y que demuestra cómo el deterioro de los servicios públicos golpea con especial dureza al medio rural».
Desde la formación recuerdan que este servicio resulta esencial para que las personas mayores que ya no pueden conducir puedan desplazarse semanalmente a realizar compras, acudir a consultas médicas o efectuar gestiones básicas, sin verse obligadas a abandonar sus municipios.
La preocupación ya está teniendo consecuencias directas. Según ha trasladado el Ayuntamiento al Gobierno de Aragón, en el siguiente día de prestación del servicio únicamente una persona hizo uso del transporte por temor a que volviera a repetirse una situación similar.
Por ello, la alcaldesa de Pozuel de Ariza, María Encarnación Bermúdez, ha lamentado que «una situación así destruya la confianza de nuestros vecinos y vecinas en un servicio que precisamente debía garantizar su autonomía. Si las personas mayores tienen miedo a utilizar el transporte porque no saben si van a poder volver a casa, el servicio deja de cumplir su función social».
Por su parte, Abengochea ha reivindicado que “el transporte público no puede depender de la suerte ni de la buena voluntad de una alcaldesa. Cuando una administración adjudica un servicio tiene la obligación de garantizar que se presta con todas las garantías. Lo contrario supone abandonar a quienes más necesitan ese transporte para poder seguir viviendo en sus pueblos con dignidad».
La alcaldesa de Pozuel de Ariza ha denunciado que, pese a intentar obtener explicaciones por parte de la empresa adjudicataria, no ha conseguido respuesta: «Es muy preocupante que nadie dé explicaciones de un incidente de esta gravedad. No podemos permitir que nuestros pueblos queden desatendidos ni que las personas mayores sean tratadas de esta manera».
Para Izquierda Unida, este episodio pone de manifiesto la necesidad de reforzar el control sobre las concesiones de transporte público y de garantizar que la movilidad no dependa del lugar donde se vive. La formación reclama al Gobierno de Aragón que investigue lo sucedido, exija responsabilidades a la empresa adjudicataria y adopte las medidas necesarias para asegurar que el servicio se presta íntegramente y con las garantías necesarias.