Izquierda Unida ha criticado las declaraciones realizadas por el vicepresidente y consejero de Desregulación y Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, a raíz de los hechos ocurridos en el centro de menores de Movera, al considerar que vuelven a situar el foco en la criminalización de los menores migrantes en lugar de abordar las carencias estructurales de la red de protección de infancia y adolescencia.
La Coordinadora General de IU Aragón y portavoz en las Cortes, Marta Abengochea, recuerda que cualquier agresión o situación de violencia debe ser investigada y atendida con todas las garantías para proteger a las víctimas y a los profesionales que trabajan en los centros, pero advierte de que el Gobierno de Aragón está utilizando casos concretos para alimentar “un relato estigmatizador” sobre los menores migrantes.
Según la diputada, las declaraciones de Nolasco evidencian una estrategia política centrada en destacar los conflictos en lugar de afrontar las necesidades reales de los recursos de protección. “El centro de Movera y las declaraciones del consejero – ha continuado- vuelven a poner el foco en la criminalización de menores en lugar de garantizar el refuerzo de la red de protección para mejorar la intervención y la capacidad de actuación educativa, que es lo único que puede mejorar la seguridad en los centros”.
Cabe recordar que el Ministerio de Juventud e Infancia ha destinado durante los últimos años más de dos millones de euros al Gobierno de Aragón para reforzar la atención a menores migrantes no acompañados. Sin embargo, esos recursos no se han traducido en una mejora de la red asistencial. “No hemos visto mejoras en la red, sino todo lo contrario, reduciendo a mínimos su capacidad de atención para poder justificar un relato de criminalización y de supuesto colapso”, ha afirmado Abengochea para hacer referencia a las conclusiones del último informe de la Justicia de Aragón.
La Justicia de Aragón ha analizado los 27 centros residenciales de Aragón y ha advertido de las importantes deficiencias estructurales en el sistema de protección y reforma de menores, constatando una elevada inestabilidad de las plantillas, marcada por la rotación de profesionales y la falta de educadores y personal técnico, una situación que, según señala en su informe, dificulta la creación de vínculos estables con los menores y compromete la continuidad de sus proyectos educativos. A ello se suma la insuficiencia de recursos especializados en salud mental y adicciones, lo que obliga a centros no preparados para ello a atender casos de alta complejidad, agravando las tensiones asistenciales.
En cuanto a iniciativas parlamentarias, Marta Abengochea ha registrado una pregunta en las Cortes de Aragón dirigida al consejero Nolasco para que informe sobre qué medidas para el refuerzo de la red de centros de protección de menores se van a poner en marcha, qué plazo de implantación tienen cada una de las medidas y a cuántos centros irá destinada cada una de ellas y cómo se va a abordar la intervención en los centros de los problemas conductuales.
La portavoz de Izquierda Unida insiste en que la respuesta a los desafíos que afronta el sistema de protección de menores debe basarse en más recursos, más profesionales y mejores condiciones de intervención, y no en discursos que contribuyan a la estigmatización de jóvenes especialmente vulnerables.