Zaragoza, 14 de julio de 2026.- Izquierda Unida de Aragón ha denunciado hoy que la política de vivienda impulsada por el Gobierno de Jorge Azcón está marcada por la falta de planificación, la baja ejecución de los recursos disponibles y una negativa ideológica a utilizar herramientas que contempla la Ley Estatal de Vivienda para garantizar el acceso a una vivienda digna.
La portavoz parlamentaria de IU en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, ha criticado en rueda de prensa que el Ejecutivo autonómico siga rechazando la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en aquellos municipios que lo solicitan. “Mientras el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales, el Gobierno de Aragón se declara en rebeldía frente a la Ley estatal de Vivienda por puro sectarismo ideológico”, ha afirmado.
Abengochea ha recordado que el último informe de la Cámara de Cuentas confirma las denuncias que IU viene realizando desde hace años: falta de planificación, ausencia de criterios claros en la toma de decisiones, escasez de datos para evaluar las políticas públicas y una preocupante falta de personal en la Dirección General de Vivienda que ha provocado retrasos en la gestión de ayudas y programas.
Además, la formación también cuestiona la escasa apuesta del Gobierno por incrementar el parque público de vivienda. Según los datos analizados por la Cámara de Cuentas, en 2023 y 2024 solo se destinó a vivienda protegida y parque público el 9% y el 16%, respectivamente, de los recursos disponibles. A ello se suma una baja ejecución presupuestaria: del presupuesto de vivienda de 2025 apenas se ha ejecutado un 40%, mientras que los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 presentan una ejecución de tan solo el 21%.
En relación con el Proyecto de Ley de Vivienda de Aragón, Izquierda Unida considera que el texto aborda la vivienda fundamentalmente como un bien de mercado y no como un derecho social. “Cuando hay que elegir entre el derecho a la vivienda o los intereses del mercado, el Gobierno del PP vuelve a ponerse del lado del mercado”, ha señalado Abengochea. Por ello, Izquierda Unida presentó 177 enmiendas destinadas a reforzar la función social de la vivienda, entre ellas la calificación permanente de la vivienda protegida, la ampliación del acceso a la vivienda pública de alquiler para las rentas más bajas, la declaración de zonas tensionadas, la regulación de las viviendas de uso turístico y medidas específicas para movilizar viviendas vacías en manos de grandes tenedores.
Zaragoza: suelo público para garantizar negocios privados
IU ha puesto el foco especialmente en las políticas que el Partido Popular está desarrollando en el Ayuntamiento de Zaragoza, al considerarlas el mejor ejemplo de su modelo de vivienda. La formación denuncia que el Gobierno municipal está promoviendo la construcción de vivienda en suelos dotacionales pese a que la ciudad dispone de suelo residencial suficiente y a que el propio PGOU ya contempla las necesidades de desarrollo urbano. Además, recuerdan que no se han presentado informes que justifiquen la necesidad de recurrir a terrenos reservados para equipamientos públicos y que la medida ha generado una importante contestación vecinal en los barrios afectados.
Especialmente crítica se ha mostrado Abengochea con el modelo de cesión de uso impulsado por el Ayuntamiento. Según IU, esta fórmula garantiza durante hasta 75 años la rentabilidad de fondos de inversión y promotores privados sobre suelo público, mientras que las viviendas resultantes solo mantienen condiciones de protección y precios asequibles durante 15 años. “Se está utilizando suelo de todos para asegurar beneficios privados durante décadas, mientras la función social de la vivienda queda limitada y temporalizada”, ha denunciado Abengochea. Asimismo, IU rechaza que las principales recetas del PP sigan siendo las subvenciones a promotores, las ayudas a la compra y las bonificaciones fiscales a la propiedad, medidas que, a su juicio, no solucionan el problema de acceso a la vivienda ni aumentan de forma permanente el parque público. La formación recuerda además que el propio Justicia de Aragón ha advertido de la insuficiencia del parque público de vivienda social y de que el mercado privado, por sí solo, no está garantizando el derecho constitucional a una vivienda digna.