Izquierda Unida sostiene que el informe confirma las denuncias realizadas desde 2021 junto a las plataformas del territorio y exige asumir responsabilidades políticas, reforzar el personal público y acabar con un modelo que ha favorecido la especulación frente al interés general.
Aseguran que el informe presentado hoy en las Cortes de Aragón por el Presidente de la Cámara de Cuentas sobre la actividad del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) constituye «una enmienda a la totalidad» a la gestión de las energías renovables en Aragón y confirma las denuncias que la formación y las plataformas ciudadanas vienen realizando desde hace años. Para Izquierda Unida, las conclusiones del órgano fiscalizador demuestran que la comisión parlamentaria de investigación sobre el INAGA y las renovables «fue una cortina de humo que resultó completamente estéril por falta de voluntad política».
La portavoz de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, ha agradecido el trabajo realizado por la Cámara de Cuentas y el esfuerzo de ampliar el análisis de los expedientes de energías renovables. «Este informe demuestra que todo aquello que algunos quisieron ocultar en la comisión de investigación hoy queda acreditado por un órgano independiente y, además, empieza a ser objeto de las investigaciones judiciales. La cuestión es si el Gobierno de Aragón va a seguir pasando de puntillas o va a asumir responsabilidades y cambiar el rumbo», ha señalado.
El informe refleja que, a partir de 2015, el incremento de expedientes vinculados al desarrollo ganadero y al despliegue acelerado de las energías renovables provocó un importante aumento del trabajo pendiente sin que se reforzaran los medios personales y materiales del organismo. Precisamente, la primera recomendación de la Cámara de Cuentas reclama dotar al INAGA del personal necesario para afrontar adecuadamente su carga de trabajo, una reivindicación que Izquierda Unida lleva planteando desde hace años.
La formación considera especialmente significativo que, una vez descartados los expedientes archivados o rechazados en fases iniciales, únicamente un reducido porcentaje de proyectos de renovables fueran desestimados por motivos ambientales. «Resulta muy difícil no preguntarse qué estaba fallando cuando prácticamente todos los proyectos acababan obteniendo una declaración favorable pese a las numerosas alegaciones sociales y a las deficiencias detectadas en la tramitación», ha afirmado Abengochea.
Izquierda Unida subraya que el informe confirma otro de los grandes problemas denunciados durante toda la expansión renovable: la absoluta falta de planificación territorial. La Cámara de Cuentas constata la inexistencia de una zonificación energética clara, recuerda que Aragón continúa sin un nuevo Plan Energético tras la caducidad del correspondiente al periodo 2013-2020 y recoge la preocupación manifestada por el Consejo de Ordenación del Territorio sobre los efectos acumulativos de los proyectos. «Estamos en 2026 y seguimos exactamente igual que cuando comenzaron las movilizaciones en el territorio», ha lamentado la portavoz.
También consideran de enorme gravedad las conclusiones relativas a la transparencia y a la gestión administrativa del organismo. El informe señala incumplimientos de las obligaciones de transparencia, problemas de trazabilidad de los expedientes, deficiencias en la información disponible, dificultades de acceso a la documentación y desorden en la gestión administrativa, incluyendo la liquidación de tasas.
A ello se suma la escasa participación social en los procedimientos de evaluación ambiental y las irregularidades detectadas en la organización interna del organismo, como la elevada temporalidad de la plantilla, la falta de motivación en el cese del anterior secretario general o el incumplimiento de la composición paritaria y del funcionamiento legalmente establecido del Consejo de Dirección.
Uno de los aspectos que Izquierda Unida considera más relevantes es el relativo a los posibles conflictos de interés en la evaluación de los proyectos. La Cámara de Cuentas constata que el INAGA no exigía a los promotores identificar los grupos empresariales a los que pertenecían, dificultando así que las asistencias técnicas externas pudieran declarar posibles incompatibilidades. Además, el informe cuestiona la justificación de los encargos realizados a SARGA y señala que los expedientes no acreditan suficientemente el trabajo desarrollado tanto por esta empresa pública como por las consultoras privadas contratadas para revisar los expedientes.
«Fue precisamente este uno de los aspectos que intentamos esclarecer durante la comisión de investigación y que PP y PSOE decidieron ignorar en sus conclusiones. Hoy la Cámara de Cuentas confirma que existían graves carencias de control y la justicia está investigando precisamente esas posibles incompatibilidades. Lo que entonces se quiso tapar hoy aparece reflejado negro sobre blanco», ha señalado Abengochea.
Izquierda Unida insiste en que estas conclusiones refuerzan la necesidad de abandonar la externalización de funciones esenciales de evaluación ambiental y apostar por el refuerzo del personal funcionario para garantizar la independencia y la seguridad jurídica de los procedimientos.
También destacan que el informe recomienda favorecer la participación de pequeñas y medianas empresas y de cooperativas locales en el desarrollo renovable mediante la simplificación administrativa y la priorización del impacto social y territorial, una demanda defendida históricamente por las plataformas ciudadanas frente al modelo de concentración empresarial impulsado durante estos años.
Para Abengochea, «este informe demuestra que quienes defendíamos una planificación ordenada del territorio, transparencia, participación ciudadana y una transición energética al servicio del interés general teníamos razón. Ahora toca decidir si el Gobierno de Aragón sigue poniendo la alfombra roja a la especulación o si empieza, por fin, a gobernar pensando en Aragón y en su territorio».