La coalición denuncia que el Gobierno de Aragón está convirtiendo el medio rural en una zona de sacrificio al servicio de grandes intereses empresariales, sin planificación democrática ni beneficios reales para los pueblos.
Izquierda Unida Movimiento Sumar ha advertido del grave impacto territorial, social y ambiental que está generando la proliferación de centros de datos, macrogranjas y macroproyectos energéticos en el Alto Aragón y el Pirineo. En las últimas semanas, la coalición ha mantenido encuentros con plataformas y colectivos vecinales movilizados frente a estos proyectos, como STOP Baterías Samitier (La Fueva), STOP Biogás Somontano y Loporzano, Riglos sin Macrogranjas y la Plataforma por la Sostenibilidad de Monegros.
De estos encuentros extraen una conclusión clara: la transición ecológica no puede servir de coartada para profundizar en un modelo de expolio del territorio, sino que debe planificarse con límites claros, participación social real y beneficios tangibles para quienes viven y trabajan en el medio rural.
Izquierda Unida Movimiento Sumar recuerda que la declaración de emergencia climática ya reconocía las consecuencias sociales y ambientales del cambio climático, pero subraya que no basta con cambiar tecnologías si no se cambia el modelo económico. “El crecimiento ilimitado del consumo es incompatible con un planeta finito”, señalan, denunciando además que Aragón sigue sin una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que ordene y planifique la implantación de proyectos.
Según la coalición, el Gobierno de Jorge Azcón ha convertido al Alto Aragón en territorio preferente para baterías de litio, plantas de biogás, centros de datos, macrogranjas de porcino y renovables de gran escala, sin criterios sociales, ambientales ni territoriales. Esta presión se extiende también al Pirineo, con proyectos vinculados al sector de la nieve y a la especulación inmobiliaria, agravando la pérdida de población y la degradación del territorio.
La formación destaca que son las plataformas ciudadanas las que están asumiendo una labor que debería garantizar la administración pública: organizarse, recoger firmas y asumir incluso costes jurídicos para recurrir expedientes. Un impacto que no es solo paisajístico, sino que afecta al agua, al suelo, a la salud pública, a la biodiversidad y a la cohesión social, sin un retorno proporcional en empleo ni en riqueza.
Izquierda Unida Movimiento Sumar alerta además del fuerte incremento del consumo eléctrico en Aragón, que ya ha crecido un 9% y podría multiplicarse si se consolidan los proyectos ligados a la industria tecnológica, sin garantías de que esa riqueza revierta en el territorio. “Implantar infraestructuras altamente consumidoras de energía sin estrategia pública es una irresponsabilidad”, advierten.
Frente a este escenario, la coalición plantea medidas claras: la creación de una Dirección General de Cambio Climático; la aprobación de una Ley Aragonesa de Cambio Climático y Transición Ecológica; la democratización de la energía mediante una empresa pública; y una moratoria para grandes centrales renovables y centros de datos hasta que exista una planificación democrática y rigurosa.
En este marco de defensa de los bienes comunes, Izquierda Unida Movimiento Sumar ha anunciado que impulsará la Ley aragonesa de fomento y protección del arbolado urbano, a propuesta de la Plataforma Árboles Vivos de Huesca. La coalición recuerda que ya apoyó esta iniciativa en octubre de 2007 en las Cortes de Aragón y defiende el arbolado como infraestructura verde esencial para la salud pública, la adaptación climática y la calidad de vida en pueblos y ciudades.
En materia ganadera, la formación reitera su oposición al modelo de macrogranjas y apuesta por la ganadería extensiva y familiar, la soberanía alimentaria y la protección del medio rural, cuestionando además el uso sistemático de la figura PIGA para favorecer intereses empresariales sin beneficios reales para los pueblos.
“Aragón necesita una transición ecológica justa, con reglas, participación y beneficios compartidos; no una carrera por atraer macroproyectos a cualquier precio”, concluyen.
