Zaragoza, 9 de noviembre de 2025.- Izquierda Unida ha formulado una pregunta parlamentaria dirigida a la consejera de Educación, Tomasa Hernández, en la que exige explicaciones sobre los pagos pendientes en su Departamento y la falta de cobertura presupuestaria para atender las necesidades básicas de los centros públicos de Infantil y Primaria.
Su portavoz en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha denunciado que “el Gobierno está dejando a los centros públicos en una situación de vulnerabilidad presupuestaria que pone en riesgo su funcionamiento diario”. Según ha explicado, el pasado 19 de septiembre el Departamento de Hacienda autorizó una orden de disponibilidad de créditos por valor de 1.484.935,50 euros, destinados a cubrir parcialmente los gastos ordinarios de funcionamiento y las facturas del servicio de apoyo a las aulas de dos y tres años en la provincia de Zaragoza. Sin embargo, “esta cuantía resulta claramente insuficiente para hacer frente a las obligaciones reconocidas, que superan los 2,3 millones de euros, pero en dicha orden no se permite ampliar”.
Las facturas pendientes del servicio de auxiliares de educación infantil entre enero y junio de 2025 ascienden a 1.394.101,13 euros, mientras que los centros públicos han solicitado hasta la fecha 1.235.395,07 euros para cubrir sus gastos ordinarios del curso 2024-25 pero el crédito disponible en la partida correspondiente es de apenas 240.553,90 euros.
“Mientras se mantienen retenciones de crédito y no se contempla ampliar la dotación para cubrir necesidades básicas, el Gobierno sigue destinando recursos a la educación concertada y cada año más, como pone de manifiesto su apuesta por la concertación del Bachillerato”, ha criticado Sanz. “Es una muestra más de la falta de compromiso con la escuela pública, que se ve obligada a funcionar con incertidumbre y sin garantías”.
Izquierda Unida reclama al Ejecutivo aragonés que aclare qué pagos se van a priorizar con la cuantía autorizada y cómo se van a cubrir las obligaciones que exceden el crédito disponible. También exige conocer qué centros siguen sin recibir los fondos necesarios y qué consecuencias está teniendo esta situación en su actividad diaria.
“Exigimos que se rectifique esta política presupuestaria y que se priorice de una vez por todas la financiación de la educación pública, garantizando una enseñanza digna, inclusiva y de calidad para todo el alumnado”, ha concluido Sanz.