Izquierda Unida reclama al Gobierno de Aragón que cumpla sus promesas y realice una serie de medidas que permitan conocer la situación “real” de la sanidad pública en la Comunidad.
En concreto, su portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, defenderá mañana en la Comisión de Sanidad de las Cortes una proposición no de ley ante el incumplimiento de los compromisos del consejero del ramo, José Luis Bancalero, quien inició su mandato anunciando una auditoria de todo el sistema sanitario público para conocer en qué situación se encuentra. Una auditoria que se iba a llevar a cabo por la Dirección General de Asistencia Sanitaria debido a su complejidad.
Según Sanz, no se conoce el resultado de la auditoria y tampoco de ninguno de los otros diagnósticos necesarios para la toma de decisiones como el de la situación de la Atención Primaria que permitiría desarrollar un nuevo plan y en el que, Bancalero defendía, en su día, muchísima participación.
Tampoco es conocido el diagnóstico de necesidades de infraestructuras sanitarias que aprobó la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón el pasado 23 de octubre y para el que se dio un plazo de tres meses.
En cuanto a las listas de espera de atención hospitalaria, el diputado de Izquierda Unida asevera que, aunque se hable de cifras, se sigue sin conocer la capacidad estructural del sistema. “No conocemos el impacto que tiene la doble actividad de los profesionales en la capacidad del sistema y ni siquiera sabemos cuántas operaciones y pruebas se externalizan”, lamenta.
Ante esta situación, Sanz presentará una iniciativa parlamentaria con seis puntos con los que insta al Gobierno de Aragón a hacer una evaluación de la plantilla funcional y establecerla en función de las tareas y cargas de trabajo, antes de que acabe 2025; publicar un estudio mapeo, en un plazo máximo de tres meses, de los recursos disponibles en cada sector sanitario para atender los servicios recogidos en la cartera de servicios, incluida Atención Primaria, atención hospitalaria, Salud Mental y atención sociosanitaria (centros convalecencia) que aparece en el Decreto por el que se aprueba el reglamento de la estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón.
Asimismo, Izquierda Unida reclama al Ejecutivo que evalúe el coste/beneficio desde la perspectiva del usuario de la actual prestación de servicios para identificar actuaciones que serían “más eficientes “acercándolas al territorio e identificando “ausencias relevantes” a priorizar dentro de cada sector, en la cobertura de la cartera de servicios y a que publique, en el plazo de dos meses, el diagnóstico de necesidades de infraestructuras sanitarias.
Por último, Sanz propondrá que se realice un estudio, en un plazo de cuatro meses, de los posibles efectos negativos de la doble compatibilidad de los profesionales en la capacidad asistencial de los dispositivos públicos de cara a su solución, denegando compatibilidades si fuese necesario para el correcto funcionamiento de dichos servicios e incluir los datos públicos referidos a listas de espera, dentro de las intervenciones por centros durante el mes, cuántas se han derivado a la sanidad privada.