Cambiar Sabiñánigo Izquierda Unida incide en que la aprobación de la ampliación y su posible concertación afecta directamente a la calidad de la oferta educativa de la comarca
La implantación del primer ciclo de la ESO (1º y 2º) en el Colegio privado concertado Santa Ana es una decisión que solo se entiende desde la lógica de la privatización de la educación. La aprobación de esta ampliación para impartir secundaria en Santa Ana no ha pasado por el Consejo Escolar y se ha aprobado ahora para permitir que se incorpore a la solicitud de convenio para el año que viene que se puede hacer en enero.
Javier Sadornil, concejal por Cambiar Izquierda Unida Sabiñánigo, ha declarado que “vamos a exigir que la solicitud de concierto que suponemos se va a dar, pase por el Consejo Escolar como se recoge en el reglamento básico de aprobación de conciertos porque esta posibilidad afecta directamente a la calidad de la oferta educativa de nuestra comarca”.
La formación critica que mientras las demandas de mejora de los centros públicos de Sabiñánigo son desatendidas por la Dirección Provincial de Educación, simultáneamente se aprueba potenciar la escuela privada, iniciativa que requerirá de recursos públicos para que sea viable.
En la actualidad los IES de Sabiñánigo tienen capacidad suficiente para atender al alumnado que, habiendo terminado sus estudios de primaria, desee cursar la ESO en la localidad. Además, salvo nuevos recortes educativos, en mejores condiciones que en el colegio concertado, por experiencia, por instalaciones y porque dispone de profesorado de secundaría especializado en la materia que imparte.
Gestionar los escasos recursos públicos con eficiencia supone aprovechar las infraestructuras y capacidades ya existentes, mejorarlas y adaptarlas a las nuevas necesidades, en lugar infrautilizarlas o ir desmontándolas para generar otras nuevas de carácter privado.
Gestionar los escasos recursos públicos con eficacia supone planificar a corto, medio y largo plazo las inversiones para que la educación pública garantice una enseñanza universal y de calidad. Adoptar medidas para satisfacer demandas que ya vienen siendo atendidas por los centros públicos contraría este principio, salvo que el derecho a la educación no sea el fundamento de esta decisión.