Artículo de Alberto Cubero publicado el 27 de enero de 2021 en Arainfo.
Si hubiera que resumir en una sola frase la sociedad por la que luchamos los y las comunistas, esta bien podría ser “de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”. Una máxima que es antagónica a la ideología neoliberal dominante pero que, sin embargo, es la practicada en el protocolo de vacunación.
Es “a cada cual según sus necesidades” en tanto en cuanto el orden de vacunación es en función de los riesgos (alojamiento en residencia, edad, patologías previas) y del interés general (personal sanitario, profesiones esenciales y trabajadores que por su actividad pudieran actuar de transmisores del virus). Y esto se cumple a rajatabla gracias a que la vacunación es un monopolio público, de manera que no existe un mercado privado en el que las personas con recursos puedan comprar la vacuna y, por tanto, saltarse la fila. En este caso, no hay “libertad” para vacunarse cuando uno quiera, aunque se lo pueda pagar.
El monopolio público implica que todas las vacunas son adquiridas y distribuidas por el Estado, que está sostenido con unos fondos públicos fruto de un sistema fiscal más o menos progresivo. Es decir, se cumple la segunda parte de la ecuación comunista, “de cada cual según sus capacidades”, puesto que el coste de la vacunación es asumido por el conjunto de contribuyentes en función de su renta y patrimonio. Y eso que esta parte podría ser matizada puesto que el sistema fiscal dista mucho de ser todo lo progresivo que a un comunista le gustaría, pero bueno, es mucho más justo que si cada uno se tuviera que pagar el coste de la vacuna, fuese rico o pobre.
Lo interesante y llamativo de este protocolo de vacunación no es sólo que sea así de justo, sino que dicha justicia ha sido asumida con total normalidad por el conjunto de la sociedad, empresas de comunicación, partidos políticos o grandes grupos empresariales. No hemos escuchado demandas sobre “el derecho a la libre elección del centro médico que me pone la vacuna” o cuestionar “quién es el Estado para prohibir comprar y administrar libremente una vacuna”.
Claro que, como casi siempre, hay excepciones que confirman la regla. Por ejemplo, en el Reino Unido es posible comprar un viaje a Dubái que incluye estancia de un mes y vacunación. Por el módico precio de 50.000 euros, los miembros del selecto Club Knightsbridge Circle pueden disfrutar de unas vacaciones en la monarquía petrolera que acoge a nuestro (¡todavía!) rey emérito y regresar al Reino Unido ya vacunados. Desde el club argumentan que sacar a los ricos de la cola de vacunación descongestiona la sanidad pública y, por tanto, redunda en el interés general. ¿Nos suena esto?
¿Por qué hemos asumido con total normalidad esta lógica tan comunista en el protocolo de vacunación, mientras este mismo razonamiento es desechado si se aplica a la sanidad, la educación o las pensiones? ¿Por qué vemos como una injusticia ser vacunado antes de tiempo si te lo puedes pagar, pero veríamos como un atentado a la libertad prohibir la sanidad, la educación o las pensiones privadas? ¿Por qué nos indignamos cuando alcaldes o JEMADs se adelantan en la vacunación aprovechando su posición en lo político y militar, pero no cuando ocurre en operaciones quirúrgicas por la posición económica?
No cabe duda que esta diferente percepción se debe en buena parte al papel que juegan las empresas de comunicación a la hora de moldear la opinión pública y en este caso, han considerado pertinente no cuestionar el modelo “comunista” que todos los países (no sólo España) han adoptado con el protocolo de vacunación.
La explicación bien podría estar en que para que el proceso de vacunación sea lo más eficaz y eficiente posible, debe de llegar al máximo número de gente posible, de lo contrario será complicado frenar la expansión del coronavirus. Y aquí está la clave, el poder económico está muy interesado en frenar la pandemia para que la economía pueda retomar la normalidad. No nos engañemos, de repente las empresas de comunicación y las élites económicas y políticas no se han vuelto comunistas ni tan siquiera han adquirido cierta sensibilidad respecto a la justicia y a la igualdad. Simplemente su “racionalidad” les lleva a querer controlar la pandemia para recuperar sus beneficios.
Esta pandemia nos va a brindar un buen número de enseñanzas. Esperemos que una de ellas sea que el monopolio público puede ser mucho más eficiente, y no digamos justo, que la libertad de mercado. Y que, por tanto, sería deseable extender la lógica del protocolo de vacunación al conjunto de servicios públicos como la sanidad y la educación, convirtiéndolos en monopolios públicos y transformando la igualdad formal burguesa en una igualdad real. O porque no trasladar esta “lógica comunista” del protocolo de vacunación, a la propia industria farmacéutica que produce la vacuna y tener una potente empresa pública farmacéutica. Mejoraría la producción, distribución, transparencia y control del gasto, ahorrándonos las disputas que hay ahora entre los estados de la UE y la empresa privada Astrazeneca.