Mañana presentamos una moción en la Comisión de Ciudadanía para una mejor coordinación de las prestaciones sociales tras la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital.
“La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital no debe suponer un recorte de prestaciones dirigidas a dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad”, advierte el portavoz parlamentario”, Álvaro Sanz, quien considera que las medidas propuestas en la moción que defenderá mañana promueven “ampliar la cobertura social en nuestra comunidad”.
En concreto, Sanz presentará una moción en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales en la que insta al cuatripartito a modificar la Ley de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en Aragón al objeto de incorporar factores de corrección para las familias numerosas en el máximo de renta familiar para tener acceso a las becas de comedor escolar y permitir a las entidades locales que pudiesen conceder ayudas de comedor propias, más allá de los techos de renta fijados en la norma autonomía.
También reclamamos con nuestra iniciativa incorporar un nuevo artículo que equipare la especial vulnerabilidad relacionada con la vivienda a los criterios fijados por el Plan estatal de vivienda, en el que se considera especialmente vulnerable desde tres hasta cinco veces el IPREM.
Otra de la legislación que instamos a modificar es el Decreto del Gobierno de Aragón que regula las prestaciones económicas para situaciones de urgencia, para el apoyo a la integración familiar y los complementos económicos para perceptores de pensión no contributivas. “El objeto de esta modificación es ampliar el acceso a las ayudas de urgencia a las situaciones de vulnerabilidad social definidas en la Ley de emergencia social”, explica Álvaro Sanz.
En el último punto de la moción, proponemos que se inste al Gobierno de España para que modifique la Ley General de Subvenciones, en el sentido de incluir en su artículo 4, exclusiones del ámbito de aplicación de la ley, las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales, así como las prestaciones económicas de carácter social incluidas en el Catálogo de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas y en los de las entidades locales.
Ahora, el Ingreso Mínimo Vital, que supone una medida de justicia social y eficiencia económica histórica en nuestro país, será compatible con las rentas de inserción autonómicas y con ingresos laborales, “por lo que todas las prestaciones económicas deberán estar coordinadas”, recomienda Sanz.
En su opinión, “esta medida teje una red de seguridad que también resultará clave en la recuperación económica de Aragón tras la pandemia, ya que el dinero no se va a utilizar para especular ni terminará en un paraíso fiscal a los que fueron a parar los millones de euros que se entregaron por el rescate bancario de 2008, sino que se empleará para activar la economía través de las propias familias y servirá para evitar que se acentúen las desigualdades como sucedió en la anterior crisis”.