LaComisión de Vertebración del Territorio de las Cortes de Aragón ha aprobado nuestra iniciativa contra el cierre de taquillas de estaciones de ferrocarril, respaldando así las reivindicaciones de las personas afectadas por la supresión del servicio de venta de billetes y las de los doce municipios aragoneses perjudicados.

A través de esta proposición no de ley, las Cortes instan al Gobierno autonómico a llevar a cabo las gestiones necesarias con Renfe Operadora para la mejora de los servicios ferroviarios, y a que le presione para mantener la venta de billetes en las estaciones de los municipios aragoneses, “servicio imprescindible si de verdad se quiere mejorar la calidad en el servicio”.

Además, la Cámara reclama al Ejecutivo aragonés que se dirija al Gobierno de España para que realice una apuesta firme por el mantenimiento y la mejora de los servicios ferroviarios en la España interior y rural, apostando por la vertebración territorial y la movilidad, evitando derivar a las personas que en ella habitan al vehículo privado o a servicios ferroviarios indignos del siglo XXI.

Durante su intervención el portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha denunciado la reducción de un 28% del servicio de venta en ventanilla de billetes de ferrocarril, que ha tachado de “fundamental para la vertebración del territorio”.

“Hablamos de movilidad sostenible más allá de la alta velocidad y de garantizar servicios básicos como es este”, ha añadido para hacer referencia al caso concreto de Monzón, donde la movilización social ha permitido que arrancar el compromiso de “no cerrar la taquilla”, aunque, a día de hoy, ha recordado, “los billetes se están vendiendo en una máquina”, medida que dicen provisional pero que no compartimos.

Para Sanz, “la solución a la movilidad en el medio rural no puede ser el aumento del tráfico por carretera y la supresión del servicio de venta de billetes en ventanilla en una docena de municipios de Aragón es poner una traba más al desarrollo de nuestro territorio”.

“Además, ha continuado, no podemos someter a los servicios públicos a la lógica de la rentabilidad económica porque hacemos dejación de la garantía de cumplir con los mismos independientemente de donde se viva” y ha apelado “a la responsabilidad social y ambiental”.

“Al apoyar nuestra iniciativa, las Cortes se unen por unanimidad a las reivindicaciones de quienes son una vez más los perjudicados por los continuos desmanes de Renfe”, ha agradecido.