La Directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales comparecerá mañana en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de las Cortes a petición de Izquierda Unida para que explique la situación en la que se encuentran los centros de protección de menores de titularidad pública en Aragón e informe detalladamente de la renovación de los contratos de programas de menores.
Cabe recordar que la plantilla de trabajadores y trabajadoras del Centro de Observación y Acogida 2 (COA) secunda desde el 1 de noviembre una huelga indefinida, “en defensa de la dignidad de los niños y niñas protegidos en Aragón, contra el recorte de recursos para atención inmediata y necesidades básicas, y contra el maltrato institucional” y para denunciar los nuevos pliegos de condiciones de los centros de protección de menores en riesgo social que ha publicado la DGA, “ya que no sólo perjudican a los asalariados, sino que afecta de forma directa a los derechos de las y los menores en protección”. Cabe destacar que el Gobierno de Aragón debería haber resuelto el concurso ayer y anunciado públicamente la adjudicación de la gestión educativa del COA, sin embargo no lo ha hecho, “menospreciando aún más si cabe a estos profesionales”, critica la portavoz de Sanidad de IU en las Cortes, Patricia Luquin, para explicar que las bases del concurso publicado por el Departamento que dirige el consejero Oliván ponen de manifiesto la “precarización” a la que van a someter este servicio que, a día de hoy, es 100% público y que está amparado por los artículos 3 y 5 de la Ley de la infancia y la adolescencia de Aragón, que establece que son los poderes públicos los que garantizarán el respeto de los derechos de los menores y adecuarán sus actuaciones a dicha Ley.
“El tijeretazo establecido en los pliegos conllevará menos recursos, más atribuciones y menos personal, que redundará en una peor asistencia a estos niños y niñas, impidiendo el objetivo final de estos centros, que es el desarrollo personal y social de las personas menores que pasan por momentos difíciles”, denuncia Luquin.
“La situación reafirma las dudas que ya teníamos sobre la actuación del Departamento en materia de menores y, por ello, queremos que nos expliquen qué medidas van a adoptar para evitar la precarización que ya están sufriendo los servicios de atención al menor”, añade para recordar la apuesta del consejero Oliván por la privatización de los servicios de titularidad pública que dependen de su Departamento”.
“Estamos preocupadas por las condiciones que se planteen en los nuevos contratos y primen el precio del servicio por encima de la calidad, cuando en un tema tan serio como este, estamos hablando de menores, el Ejecutivo debe garantizar una prestación cien por cien pública de calidad, eficiente y efectiva”, concluye la portavoz de IU Aragón.