Artículo de Ricardo Arnedo publicado el 17 de marzo de 2021 en Arainfo. (Foto: Stop Desahucios Zaragoza)
Entre los golpes de efecto, las exclusivas, y las noticias de última hora de la política institucional, hay cuestiones que siguen permaneciendo ahí: las necesidades materiales de la mayoría social de este país.
Si hay una que estuvo presente en la anterior crisis, y vuelve a estarlo en esta, es la necesidad de tener un techo digno bajo el que vivir. Fundamentalmente, porque la vivienda digna es la condición de posibilidad para poder acceder como ciudadanas y ciudadanos a todos los demás derechos humanos con garantías: trabajo, educación, salud, participación en la sociedad, etc.
Hoy en nuestro país, estamos en un momento político que puede ser importante en el avance para configurar el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, es decir, aquel que es exigible y crea la obligación de los poderes públicos de disponer los medios precisos para garantizarlo. Y además de esto, estamos en un momento en el que cabe la posibilidad de implantar una serie de medidas que corrijan la naturaleza especulativa que ha caracterizado a las dinámicas en la vivienda en nuestro país desde hace décadas.
Esta oportunidad es la futura Ley de Vivienda estatal, que en estos momentos está siendo discutida en el seno del Consejo de Ministros. Como es habitual, sectores del PSOE hacen de correa de transmisión y de guardianes de los intereses de los poderosos, de las patronales inmobiliarias y las entidades financieras y fondos buitre. Ante ello, la movilización popular, pese a la dificultad de estos tiempos, se torna imprescindible para que la regulación del precio del alquiler se convierta en una realidad, para que no se produzcan más desahucios sin alternativa habitacional, para que, de una vez por todas, tengamos un parque de vivienda pública con suficiente tamaño como para ser capaz de cumplir su función social, en definitiva, nuevamente la movilización social es necesaria para conquistar derechos.
Esta Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda se lanza a nivel estatal, y en Aragón vamos a secundarla, pues entendemos que es fundamental el marco de una Ley estatal que garantice realmente este Derecho Humano desprotegido hasta ahora. Sin embargo, desde aquí también somos conscientes de que el papel todo lo aguanta, y que será necesario empujar también en Aragón, para que pueda ser real todo aquello que peleamos en cada desahucio, en cada manifestación, o en cada asamblea de afectadas por esta situación actual en la que la vivienda es considerada todavía un negocio, en lugar de un derecho fundamental.
Hasta ahora el Gobierno de Aragón ha demostrado escasa voluntad política de desarrollar las facetas más garantistas de nuestras propias leyes autonómicas, por lo que la movilización popular que este sábado se retoma deberá continuar para alcanzar nuestros objetivos.
Así pues, el movimiento de vivienda vuelve a la calle este 20 de marzo para recordar que la vivienda es un derecho y no un negocio. Demostrando capacidad organizativa, manteniendo todas las medidas de precaución sanitaria, como ya nos mostraron nuestras compañeras del 8M hace dos semanas, saldremos a reivindicar la necesidad de una vivienda digna para todo ser humano.
Te esperamos el sábado en las calle.
